..digo la otra”, es el célebre proverbio acuñado por la Chilindrina, que viene al caso para juzgar algunos elementos de la política de protección a la vejez. Y es que mientras algunos son ampliamente justificables, otros, pese a obedecer a loables intenciones, son insostenibles a mediano plazo.
Comenzando por lo positivo, debe mencionarse el programa ‘Colombia Mayor’, que consiste en entregar a los adultos mayores, sumidos en la pobreza, un estipendio monetario que les ayude a sufragar sus necesidades básicas. En la actualidad, cerca de 1’300 mil personas reciben entre 40 y 75 mil pesos mensuales, pagaderos cada dos meses. Adicionalmente, los beneficiarios de este programa pueden acceder a la seguridad social no contributiva para atender sus necesidades de salud. La cobertura actual de adultos mayores, equivale al 49 por ciento de las personas que, según cálculos oficiales, están en esa condición. El Gobierno aspira a aumentar la cobertura al 56 por ciento de ese contingente, en el lapso de cinco años.
Desde el punto de vista de equidad social, nada más bondadoso. La sociedad, a través del Estado, y no como resultado de la caridad, tiene que ser solidaria con quienes han llegado a la senectud en el desamparo. Si los requisitos para acceder al programa se verifican con cuidado, y no existen sesgos políticos en la selección de los beneficiarios –dos supuestos fuertes–, el programa debería tener precedencia sobre muchos otros, como los subsidios a los combustibles. La Upme estima que al cierre del 2014, estos ascendieron a 2,9 billones de pesos, mientras que las ayudas monetarias para ‘Colombia Mayor’ fueron del 35 por ciento de ese valor. En épocas de austeridad fiscal como la actual, la necesidad de priorizar el gasto social en los ‘más pobres de los pobres’, resulta aún más urgente.
Otra iniciativa que vale la pena mencionar para realizar un contraste, es la denominada ‘pensión familiar’. Dejando de lado sus pormenores técnicos, se trata de permitir que dos personas que constituyen pareja y previo cumplimiento de ciertos requisitos, puedan juntar semanas, en el sistema estatal, o capitales, en el privado, para obtener una pensión si no han logrado conseguirla de manera individual.
Estimular la solidaridad entre esposos o compañeros permanentes es, sin duda, loable. Pero, infortunadamente, el requisito de tiempo mínimo de convivencia establecido para taponar el fraude fue suprimido por la Corte Constitucional, que, como sucede con frecuencia, es indiferente a las consecuencias económicas de sus determinaciones. Por lo tanto, puede generarse una demanda elevada de pensiones de parejas que lo son únicamente para la obtención de beneficios eventualmente cuantiosos, los cuales, directa o indirectamente, soportaremos todos, mediante la financiación de un sistema pensional que quebró hace años. No es asunto de poca monta. El pago de pensiones, con cargo al presupuesto nacional, equivale a cerca del 20 por ciento del gasto total, superior al gasto educativo, y absorbe la totalidad del recaudó correspondiente al IVA interno.
Al margen de la opinión que se tenga de programas como estos, la realidad es que no resuelven los problemas estructurales de informalidad laboral y mal diseño del sistema dual de pensiones que adoptamos en 1993. El presidente Santos ha prometido llevar a consideración del Congreso una propuesta de reforma. Confiemos en que pronto el país tenga buenas noticias en esta materia.
Jorge Humberto Botero
Presidente de Fasecolda
jbotero@fasecolda.com