Los indicadores básicos de la economía muestran un panorama positivo. Tenemos una tasa de crecimiento adecuada, acompañada de caídas en el desempleo, la pobreza y la inflación, ingrediente este último que es fundamental para defender la capacidad adquisitiva de los salarios. Las bondades de la política gubernamental son innegables.
Por el contrario, la percepción de los colombianos sobre la situación del país es desoladora. Es lo que se lee en la denominada ‘Gran encuesta’, publicada en la edición de abril de la revista Semana: el 61 por ciento de los encuestados cree que Colombia no va por buen camino. Este es el peor clima de opinión desde el 2002, cuando el pesimismo llegó al 89 por ciento.
¿Qué factores podrían explicar esta contradicción? Desde la perspectiva de la comunidad empresarial menciono algunos.
La percepción de inseguridad jurídica viene en aumento. Es generalizado el sentimiento de que decisiones judiciales basadas en interpretaciones laxas de las normas han lesionado la estabilidad de las reglas de juego.
Los ejemplos abundan: la suspensión de un proyecto de vivienda que contaba con los necesarios permisos y que estaba a punto de finalizar; la orden de repetir un censo de poblaciones afectadas por un proyecto de generación eléctrica que ya había sido realizado y aprobado por las autoridades competentes, y la suspensión de la venta de las acciones de Isagen con argumentos banales. Podría dar muchos más.
Cierto es que, en contra de lo que sucedió el año pasado, el Gobierno ha impedido que los paros en el sector rural se conviertan en bloqueos de vías y festivales de piedra. Sin embargo, se considera que, habiendo claridad sobre la estrategia de desarrollo rural, falta firmeza para implementarla.
El reto, como se sabe, consiste en superar la pobreza, que es más profunda en el campo que en las zonas urbanas, para lo cual se requieren aumentos de productividad y, por lo tanto, una mejor oferta de bienes públicos. Pero a la hora de las negociaciones con la ‘dignidades’, la agenda versa sobre subsidios, restricciones a la competencia externa, socialización de riesgos y condonación de deudas.
El discurso no parece armonizar con los acuerdos realizados con los protestantes.
El justo reconocimiento de que somos una comunidad plural implica la adopción de reglas de juego adecuadas para dirimir los conflictos que son inherentes a esa realidad. Seguimos esperándolas. Brotan por arte de magia comunidades étnicas de las que no se tenía noticia en los sitios en que se construyen carreteras o represas. Se quejan muchos empresarios, con razón, del ‘fundamentalismo ambiental’ y de la incapacidad de las autoridades para resolver con celeridad sobre las licencias requeridas.
Las elecciones parlamentarias evidenciaron dos fenómenos ingratos: las ventajas de que gozan en la competencia electoral los amigos del Gobierno, y unas acusaciones de fraude, que ciertas o no, deterioran la credibilidad del sistema electoral. Unas elecciones presidenciales apretadas podrían generar disputas de enorme gravedad sobre los resultados.
Abundan las acusaciones entre los titulares de los entes de control y algunos de los contendientes por la Presidencia. Si una pequeña fracción fueren veraces, habría que concluir que nos gobiernan, o aspiran a hacerlo, personas que no merecen la confianza ciudadana. No sorprende, pues, que las Farc nos inviten a arrasar con todo y partir de cero...
Jorge Humberto Botero
Presidente de Fasecolda
jbotero@fasecolda.com