La imagen tradicional de la vivienda de alquiler es la de los sórdidos inquilinatos que describe Charles Dickens en Oliver Twist.
Por eso se requiere visión de las necesidades cambiantes del país para plantear una política de vivienda de alquiler destinada a complementar la que se centra en subsidios o en su provisión gratuita. Este es el paso, por ahora conceptual, que ha dado el Ministerio de Vivienda.
En la época de mi niñez, la política contaba con dos instrumentos: el Instituto de Crédito Territorial y el Banco Central Hipotecario, que tenían a su cargo la construcción y la financiación de vivienda.
Como los préstamos se otorgaban en cuotas fijas y valores nominales, pero la inflación era elevada, muy pocos podían acceder a una vivienda propia, aunque para ellos resultaba casi regalada.
La invención del Upac en la década de los 70, hizo posible generar fondos suficientes para masificar los programas y poner la vivienda propia al alcance de sectores populares de la sociedad.
El éxito fue colosal hasta que, a fines de los 90, el sistema hizo crisis como consecuencia de severos desajustes en la política monetaria. Por fortuna, desde hace años superamos esos trastornos. Hoy, gracias a las bajas tasas de interés y de inflación, la adquisición de vivienda se financia a plazos largos y mediante cuotas que la gente puede pagar.
Durante todo este lapso, la única opción de la política era convertirnos a todos en propietarios de la vivienda que habitamos.
Esto pudo tener sentido en el contexto de una economía cerrada; en la actualidad no siempre esa es una buena alternativa. Ahora, se requiere una gran movilidad de la mano de obra entre sectores de la economía y zonas geográficas a fin de poder aprovechar las oportunidades que se le ofrecen a nuestro país.
Doy un ejemplo: la relocalización de parte de la industria en la Costa Atlántica, o el auge de polos de desarrollo petrolero en Villavicencio o Puerto López, hace necesario que muchos trabajadores y sus familias puedan migrar hacia donde se presentan las oportunidades de trabajo, encontrando en ciudades como estas posibilidades de vivienda digna.
Mantenerlos ‘amarrados’ a –digamos– Pereira o Ibagué, si allí tienen sus viviendas, posiblemente los conduciría al desempleo y retardaría el proceso de reconversión del aparato productivo.
En casos como estos, la solución inteligente consiste en facilitar la inversión privada en vivienda de alquiler, en especial para los estratos bajos de la población.
A fin de estimular la demanda, los inquilinos podrían recibir un subsidio del Gobierno equivalente a una cierta fracción del canon.
Estos ahorros se usarían más adelante para la compra de vivienda, previa devolución del bien tomado en arriendo y a condición de que se esté al día en el pago del alquiler.
Colombia tiene un amplio acervo de empresarios de la construcción capaz de asumir estos retos, y un sistema financiero bien capitalizado dispuesto a proveer el crédito, el manejo de los recursos y la provisión de los seguros que sean necesarios.
La demanda insatisfecha es enorme. He aquí un plan de acción de gran impacto para el próximo cuatrienio.
Jorge H. Botero
Presidente de Fasecolda
