La mejor noticia del año es que las instituciones soportaron la tensión que generó el cambio político.
El sistema electoral produjo un resultado rápido, en cumplimiento de las reglas y aceptado por todas las partes.
El Banco de la República ha conducido un ajuste monetario ante el ascenso de la inflación, que aunque rezagado, no ha sido objeto de mayor crítica desde el Gobierno Nacional. El nombramiento de una nueva co-directora respetó las reglas y una decisión judicial. La autonomía técnica del Banco ha sido respetada y ha provisto a la autoridad de lo necesario para sus decisiones. El nuevo Congreso, inexperto, comienza a entender el banco central.
Las instituciones de seguridad del Estado continúan prestando los servicios de policía y defensa en medio de una purga y profundos cambios operativos. El cuerpo de oficiales y suboficiales pudo mantener ese servicio al tiempo que dió una comandancia renovada y mantuvo la formación sin el ruido de sables de hace tres o cuatro décadas.
El gobierno corporativo de las empresas públicas ha resistido el cambio de gobierno. Las juntas directivas nombradas por el Gobierno Nacional tienen ahora en su mayoría gente competente y con experiencia y los pocos nuevos gerentes tienen experiencia suficiente.
Pero, una mala noticia, es que el año que viene tendremos nuevas formas de estrés institucional.
La primera es la fiscal. El Presidente Petro ya anunció una nueva adición presupuestal con cargo al recaudo de la reforma tributaria. El Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo definirá en gran parte el valor de la deuda pública de la Nación, en la cual están confiados buena parte de los ahorros de los colombianos y, en últimas, determinará la confianza en la estabilidad de la economía.
El dinosaurio proteccionista podría revivir, ¿Emitirá el Gobierno los decretos proteccionistas anunciados? ¿Habrá capacidad en el Gobierno para renegociar tratados comerciales a través de los mecanismos de administración como lo busca el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo? ¿Mantendrá Colombia el acceso de sus productos a los mercados gracias a los acuerdos comerciales vigentes? ¿Se reducirá la competencia del exterior a los productos colombianos?
¿Se producirán cambios en la gerencia de las empresas estatales, incluyendo en Ecopetrol? ¿Serán inmunes las instituciones de regulación y supervisión -en particular las superintendencias- a los intereses de los grupos de buitres inversionistas?
¿Las empresas que proveen servicios de salud y de administración del ahorro pensional saldrán indemnes de la reforma estatizante anunciada?
Proteger los activos institucionales en 2023 será determinante para el futuro económico de Colombia. El progreso siempre es más rápido cuando las instituciones limitan al poder.
Jorge Restrepo
Profesor de la Universidad Javeriana.
Twitter: @jorgearestrepo
