La inflación de precios al consumidor aceleró sin pausa desde marzo de 2022, para diciembre superó el 13%.
Las consecuencias de esta creciente desestabilización son desastrosas para los hogares más pobres, los que más bienestar pierden con la inflación y quienes tienen menos capacidades para defenderse del aumento de precios.
Y hay ingredientes nuevos que se añaden al coctel inflacionario.
Los nuevos impuestos a los alimentos y bebidas de la reforma tributaria a las grandes empresas que los procesan, las más eficientes en sus procesos productivos, no sólo conducen a que éstas aumenten los precios sino que serán aprovechados por las pequeñas y medianas empresas para hacer lo suyo, impulsando aún más el precio de los alimentos al consumidor. Como la economía ya crecía a tasas nunca vistas, los nuevos impuestos sirven de señal de coordinación para que grandes y pequeños aumenten simultáneamente precios, ¿El resultado? Todos pierden, como en la pirinola.
Los aumentos de impuestos a las importaciones, que comenzaron por las confecciones, cumplen el mismo papel de coordinación, pues en este caso reducen la competencia.
Así, con la economía creciendo, el que no suba el precio se queda atrás en la pelea por defender el ingreso.
El alza del salario mínimo por encima de la inflación, la segunda más alta desde 1985, generalizó un nuevo aumento de costos y lo extendió a los hogares y profesionales independientes y desató una más alta ola de indexación en contratos de todo tipo.
Sumen a eso que la fallida corrección de la regulación de los precios de la energía eléctrica y el gas a los hogares, mostró que proteger al consumidor y al tiempo mantener la seguridad energética y conectar mercados requiere conocimiento, independencia y experiencia.
Así, ni modo de buscar la soberanía energética o avanzar más en la transición.
La desindexación tardía se convirtió en una forma de protección del ingreso para algunos privados y el Gobierno Nacional y no en reformas para que la competencia ajustara precios beneficiando a los hogares.
Esta pugna distributiva, la pelea de cada quien proteger el ingreso de la que tanto hablaron los economistas este fin de año, se exacerbó en una economía ya recalentada, a la que le metió más temperatura el aumento del presupuesto para este año y el otro que anunció el Gobierno con el recaudo de la reforma tributaria. A este ritmo, parece cada vez más que sólo una franca recesión podrá parar esto.
Otraparte:
Por razones humanitarias, de salud y por caridad, las aerolíneas deben estar obligadas a proveer agua gratis a quienes viajan en ellas.
Las autoridades de regulación deben obligar a todas las aerolíneas a cumplir con ese derecho, en donde no hay oferta alternativa a los consumidores. ¿Qué vendrá?, ¿cobrar por el uso del baño?
Jorge Restrepo
Profesor de la Universidad Javeriana
Twitter: @jorgearestrepo
