A menos de dos meses del inicio del gobierno del Pacto Histórico, ya se materializaron algunos de los riesgos económicos advertidos durante la campaña. El riesgo más grave para el país es el carácter anti-empresa en las políticas económicas.
Ese sesgo está en varias de las disposiciones de la reforma tributaria propuesta al Congreso: en el aumento de impuestos de algunos sectores empresariales de forma selectiva -como el financiero y el minero-energético-; en la doble y triple tributación a las utilidades empresariales; en la eliminación de las exenciones tributarias y descuentos, sin importar que las utilidades se obtengan gracias a la investigación y desarrollo, a la inversión en regiones afectadas por el conflicto o que crean empleo en sectores ambientalmente responsables como el turismo.
También es evidente el sesgo anti empresa en las políticas de salud: la reforma planteada por el Ministerio desconoce la mejor asignación de recursos públicos que hacen las empresas al ofrecer y gestionar el aseguramiento de los riesgos de salud, como si fueran simples intermediarias mercantiles, y con base en ese reduccionismo busca eliminar de tajo las empresas que prestan el aseguramiento y la mayoría de los contratos de seguro.
Tal sesgo anti empresa en las políticas económicas causa daño directamente, pues conduce a una peor asignación de recursos y debilita el tejido empresarial en el que se basa el crecimiento económico que financia el progreso social. Además, hay un daño indirecto producto de las estrategias que las empresas han comenzado a desplegar: el ‘desacople’ de la economía colombiana.
Ese desacople consiste en mover la generación de valor fuera de Colombia para escapar a la mayor tributación y a una regulación adversa: las empresas trasladan la manufactura o la prestación de servicios a otras geografías, y en efecto sustituyen la operación empresarial directa en Colombia por una operación de comercio exterior y de comercio local. Frenar proyectos de inversión acá, relocalizar la producción en países cercanos, hacer inversión para financiar ese establecimiento de operaciones de manufactura y prestación de servicios desde el exterior y la transformación productiva hacia la importación, le permite a los empresarios colombianos mantener el acceso al mercado local sin los riesgos tributarios y de política.
La menor tributación de los vecinos, protege la rentabilidad empresarial. Sectores como los de servicios de salud o educación no tendrán escapatoria y decrecerán directamente; otros, como el manufacturero, se transformarán en sectores de comercio exterior y servicios de menor valor agregado y menores salarios.
El sesgo anti empresa, paradójicamente, terminará profundizando la desindustrialización de la economía que el gobierno busca revertir.
Pretender que el capital no reaccionará al aumento de la tributación es considerar que las empresas y la economía son las de los años setenta: el capital no puede estar hoy día secuestrado, no cede a la extorsión tributaria, se fuga fácil.
Jorge Restrepo
Profesor de Economía, Universidad Javeriana
Twitter: @jorgearestrepo
