El primer y más importante acto de gobierno de Gustavo Petro fue la presentación de una reforma tributaria, que resultó ser estructural y progresiva, pero alcabalera y anti-empresa.
Estructural, pues elimina exenciones y descuentos tributarios. Progresiva, porque sube impuestos sobre el ingreso de las personas de mayores ingresos y aplica la misma tasa a todo ingreso, incluidas megapensiones.
Alcabalera, porque impone doble y triple tributación, como en el caso de las utilidades empresariales, y a una tasa que para el sector minero y de hidrocarburos, o para industrias pesadas, llegaría hasta el 100% de las utilidades.
Anti-empresa, porque formaliza el sesgo de política económica en contra de la actividad empresarial, pública o privada: incluye el nuevo impuesto a los alimentos o bebidas, la represión financiera y al sector extractivo con mayores tarifas y los ‘topes’ de costos y gastos que invalidan la contabilidad de las empresas y formalizan la desconfianza en los gerentes y directivos de empresa, y en la fe pública de los contadores, auditores y revisores fiscales.
Es improbable que esa reforma sea aprobada en el Congreso: además del recesivo impacto sobre el consumo de los hogares y la inversión productiva que tendría, trae otros problemas jurídicos y genera conflictos políticos serios. Consideren el impuesto a las exportaciones de hidrocarburos y oro: las regiones reclamarán que es una ‘jugadita’ de la Nación para apropiarse de las regalías y aumentar su monto, en contravía de lo establecido por la Constitución que se las asigna. ¿Qué tal el impuesto permanente a la riqueza, que a estas alturas del desarrollo sólo impone Suiza? Quien vive de arrendar la tierra o apartamentos en una ciudad podría pagar por impuesto a la riqueza (patrimonio) y a la renta fácilmente del 70%.
¿Cómo se podría mejorar esta reforma? Tres ideas:
Un impuesto mínimo para las empresas del 20% sobre las utilidades. Esto permitiría saltarse la negociación de exenciones y descuentos en el Congreso y evitaría la imposición de requisitos para obtener subsidios, como el que le exigen a las zonas francas, probablemente contrario a los acuerdos multilaterales de comercio. Colombia cumpliría además con el Acuerdo internacional de tributación mínima empresarial del 15%, liderado por Estados Unidos al cual ya se comprometió.
Dos: eliminar la doble y triple tributación, descontando del impuesto al ingreso de las personas (sobre ingresos por dividendos, por ejemplo) los impuestos pagados sobre utilidades de las empresas o sobre la riqueza.
Tres: definir sólo tres razones para obtener exenciones y descuentos tributarios:
empresas de utilidad común -como las de salud o educativas, incluyendo universidades y colegios, la ciencia y tecnología (no la innovación), y las actividades culturales, incluidas las editoriales y periodísticas.
Una mejor reforma, estructural, pro-empresa, progresiva, ajustada a la Constitución y más justa, sí que es posible.
Jorge Restrepo
Profesor de Economía,
Universidad Javeriana
Twitter: @jorgearestrepo