En dos meses que lleva el gobierno el Ministro de Hacienda se ha convertido en un factor de confianza para la economía colombiana: los inversionistas encuentran sosiego en las posturas de José Antonio Ocampo; hoy en el papel de la deuda pública para la compra de tierras, ayer en la explotación de hidrocarburos para la soberanía energética.
Algunos especulan con que su salida del gabinete aumentaría el riesgo, otros buscan en sus posturas dirección y guía, como si fuera el más importante ministro; ni uno ni lo otro.
Primero, porque las decisiones que él ha logrado contener -impedir que se hagan locuras, en sus palabras- habrían sido contrarias a la Ley, por ejemplo, emitir deuda para comprar tierras o imponer impuestos a la inversión externa.
En segundo lugar, porque, pese a que toda asignación de gasto o decisión en materia de impuestos requiere su aval, el Ministro de Hacienda es un par de los demás miembros del Gobierno.
También porque los resultados en economía están lejos de ser estelares: el precio de la deuda pública sigue en mínimos históricos, como el valor de la moneda; el precio de las empresas en la Bolsa de Valores de Colombia sigue deprimido pese a piratas y buitres que rondan el mercado de valores; y la acción de Ecopetrol, en el piso, muestra una destrucción de valor público sin precedentes.
La causa de tan malos resultados es, sin duda, la reforma tributaria: si bien avanza en progresividad, pues pone a pagar más impuestos sobre el ingreso a quienes más ingresos reciben y quita exenciones y descuentos, también es anti-empresa y recurre a la selectividad tributaria: carga con mayores impuestos al sector financiero, al minero y al de hidrocarburos y cobra nuevos impuestos a alimentos y bebidas, que en gran proporción pagarán los consumidores más pobres.
Para el gobierno existe una última oportunidad de evitar una recesión: que al hacer sus políticas, respete las restricciones que le impone la Ley, que considere potenciales efectos negativos y que dé prioridad a los más pobres por encima de otros grupos de interés. Así, fácilmente, se volvería menos importante el papel del Ministro de Hacienda en la corrección de lo que proponen sus pares.
Más que confiar en el buen criterio de Ocampo, se trata de que las políticas sean económicamente convenientes, que no hagan daño y que respeten las restricciones legales.
La reforma agraria, la iniciativa de ‘paz total’ y la reforma tributaria están todas bien dirigidas -buscan la progresividad, la reducción de la violencia y una mejor redistribución de la propiedad- pero no consideran los incentivos negativos que generan y cuando fueron comunicadas hasta causaron daño.
Bien haría el Gobierno, comenzando por el mismo Ministerio de Hacienda, en aplicar esos principios a la reforma tributaria.
Jorge Restrepo
Profesor de economía, Universidad Javeriana
Twitter: jorgearestrepo
