Casi nunca un gobierno puede, sin poner un peso, mejorar el acceso a un servicio, ampliar la competencia, reducir los precios al consumidor y garantizar la prestación de un servicio público. El fallo de la empresa Viva Air le da esa sublime oportunidad al Gobierno Nacional.
Es un pesar que Viva ya no opere: miles de empleos probablemente se perderán, así como se esfumó, en combustible, el capital de sus inversionistas. Como lo dijo su ‘CEO’: “el 75 por ciento de lo que vendemos es en pesos y cerca del 70 por ciento de los costos son en dólares”. No habrá milagro que resucite a Viva pues ni el peso se va a fortalecer ni el precio del petróleo muestra señas de caer.
Para eventualmente responder a los trabajadores, pagar la millonaria tarifa de impuestos y devolver algo de lo que pagaron los consumidores sólo hay, en mi opinión un activo en Viva: los muy lucrativos espacios de aterrizaje y despegue que tenía asignados en los aeropuertos.
Tan pronto vean sus libros, las autoridades de regulación del transporte aéreo y las superintendencias de Transporte y Sociedades, en mi opinión, deben proceder a liquidar ese activo. El fallo de Viva ya concentró al límite de lo tolerable el mercado de transporte aéreo.
Lo mejor es subastar esos espacios: así pagarían más por ellos aerolíneas que puedan entrar al mercado de inmediato, o las que ya están acá que no tengan espacios asignados con horarios y en lugares cercanos. Unas y otras demostrarían, al pagar, su capacidad de prestar el servicio.
Así se amplía la oferta, se reduce la concentración en la operación de cada ruta y se incentiva una caída del precio de los tiquetes, reduciendo la extracción de rentas al consumidor.
La competencia en el transporte aéreo no depende tanto del número de aerolíneas, dado el alto costo de comprar y operar un avión, se logra desconcentrando los permisos de operación aérea, propiedad del Estado.
La peor opción, ni justa con los consumidores, ni ‘buena’, como la califica el Ministro de Transporte, es que las autoridades aprueben una ‘integración’ con Avianca u otra empresa. Si es con la primera, remunera y legaliza la compra “adelantada de hecho (sic) sin autorización previa por parte de la autoridad aeronáutica”. Si es con otra aerolínea que ya tiene espacios, reduce más la competencia.
Tampoco sería justa “la asignación de esos slots (sic) que quedan libres por el cese de la operación de” Viva, según el criterio del mismo funcionario, pues entregarlas a empresas que ya tienen espacios de aterrizaje y despegue también concentra (así sea a la estatal y descapitalizada Satena, controlada y gerenciada por las fuerzas militares), no consulta la capacidad de las aerolíneas, deja sin pagar deudas y permite que, hasta de pronto, se favorezcan intereses injustos y malos.
Mejor más competencia.
JORGE RESTREPO
Profesor de la Universidad Javeriana
Twitter: @jorgearestrepo