Decía Manuel Guzmán Hennessey en El Tiempo que con la minería en Colombia había que buscar fórmulas equilibradas: “ni ecologismo sacerdotal ni capitalismo salvaje”, apuntaba. Y es que al calor de la oposición aplastante que generó el proyecto del páramo de Santurbán, quedaron en el aire algunas conclusiones peligrosas que más vale la pena aclarar.
La primera es que los activistas ganaron en un hecho sin precedentes en el cuidado del medio ambiente nacional y que de aquí en adelante nada podrá hacerse sin su aquiescencia. ¡Cuidado!, porque en Colombia el activismo ecológico es más bien una amalgama de intereses escondidos mezclados con preocupaciones medioambientales, pero sazonados sobre todo con radicalismos que no contribuyen en la búsqueda de alternativas que vayan por la mitad.
Afirmar que nada podrá hacerse sin su venia implica una renuncia al futuro y una delicada parálisis de proyectos enfocados a salvar el medio ambiente, como ya ocurrió con iniciativas de reforestación tumbadas por la vía jurídica con el pretexto de que no hubo aprobación de comunidades indígenas y afrocolombianas.
Lo que debiéramos pensar es que con el caso Santurbán la que ganó fue la discusión pública y el debate sobre asuntos que a todos nos competen de forma transparente y con respeto por los argumentos que de lado y lado se esgrimieron. Ese modelo de audiencias públicas contribuye en la construcción de proyectos ponderados, incluyentes, pero mirados con lentes de igual grosor: el de la conservación natural y el del crecimiento económico. Otra conclusión equivocada es que las empresas que vienen a invertir en negocios mineros son las malas del paseo.
Gran error este de criminalizar a las multinacionales del sector, porque mientras ellas piden permiso y se someten al escarnio público, como le pasó a la canadiense Greystar, los actores ilegales que vienen acabando con los recursos naturales van ganando terreno mientras el país se congela en debates legales cargados de ideologías retardatarias.
Pocas protestas he presenciado frente al fenómeno de la minería ilegal, que hoy produce tantos muertos como descomposición ambiental. Las autoridades no han controlado estos sucesos y los ‘activistas’ buscan convertir a la empresa privada en enemiga per se, guardando silencio frente a los abusos de los violentos y avivatos por fuera de la ley.
Sin embargo, nuevos aires para la minería soplan en Colombia. Proyectos interesantes no pueden archivarse porque sí. Con la llegada del abogado Rafael Nieto a la presidencia de la Greystar, se abren nuevas perspectivas para la minería social y medioambientalmente responsable. Pocos saben que Nieto condicionó su entrada a la compañía a que le permitieran rehacerla, con respeto pleno de la ley, protección del páramo y de las fuentes hídricas, atendiendo las preocupaciones de la gente. La entrada de reconocidos jugadores al sector y de sangre nueva a las compañías es una señal que el país tiene que entender como positiva. Sé que otras empresas están haciendo lo propio con creatividad y aprendiendo de las lecciones pasadas. Vale la pena darle a los mineros una segunda oportunidad para poner a marchar una locomotora que, después de Santurbán, aún puede y debe andar sin salirse de la carrilera que le corresponde.