José Palma Tagle
columnista

Nuestro aporte

La solución puede venir desde nosotros mismos, para que un porcentaje de aportes vayan a proyectos amigables con el ambiente y libres de carbono. 

José Palma Tagle
POR:
José Palma Tagle
noviembre 21 de 2018
2018-11-21 07:50 p.m.
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Juan Esteban es peruano, vive en Lima y trabaja hace 5 años como jefe de tienda de una cadena de supermercados, con un sueldo de 2.684 soles peruanos, equivalentes a US$800 mensuales. Su salario es el promedio que perciben trabajadores en Chile, Perú y Colombia, y de este aporta 12% a una administradora de fondos de pensiones (AFP) de forma obligatoria, y para ser honestos, no es consciente del destino de sus aportes, solo espera que lo que reciba por su jubilación sea suficiente para subsistir.

Juan Esteban aportará cada año a su AFP la suma de US$1.152 y si sigue en el mismo trabajo por 20 años, serán US$23.040, más reajustes. Imaginemos que solo el 5% anual de su aporte, se destinara obligatoriamente por la AFP a invertir en inversiones bajas en carbono, como energías renovables o transporte masivo eléctrico.

Anualmente, ese 5% sería equivalente a US$57,6, pero si multiplicamos este valor por la cantidad de trabajadores con empleo formal promedio en Perú, sería US$259 millones anuales. Si esta misma fórmula la extrapolamos a Chile (8,1 millones) y Colombia (8,3 millones), ese 5% anual sería equivalente US$1.200 millones. ¿Qué destino podrían tener esos US$1,2 billones anuales? Siete granjas solares con capacidad de generación de 100 MW cada una, o 60 parques eólicos de 20 MW cada uno, o 4.000 nuevos buses eléctricos al año recorriendo las ciudades de Lima, Medellín, Bogotá y Santiago.

Lo mejor es que no hay que inventar la rueda. El Fondo de Pensiones Danés invirtió en el 2017 la suma de 13,5 billones de euros en proyectos de energías renovables, pasando de una inversión del 1,4% del total de los activos de su portafolio en el 2014, a 3,4% en el 2017. Si in ir tan lejos, el fondo de pensión de Nueva York invertirá US$4 billones en soluciones para afrontar el cambio climático, en proyectos de energías renovables y agua en los próximos tres años, aumentando al doble sus inversiones.

Cuando pensamos en ciudades como Lima, Santiago, México, Medellín o Bogotá, con sistemas de transporte masivos contaminantes, causantes del cambio climático y dañinos para la salud, con vehículos diésel, pero más económicos que el transporte eléctrico, la solución puede venir desde nosotros mismos: cotizantes, aportantes y víctimas de la contaminación ambiental, obligando a que un porcentaje de nuestros aportes vayan a proyectos amigables con el ambiente y libres de carbono.

Adicionalmente, las autoridades financieras de cada país podrían emitir un bono soberano verde (de mucha seguridad y bajo riesgo para el aportante), con el fin de cofinanciar la incorporación de la movilidad eléctrica masiva en nuestras ciudades, y también para manejo de desechos, reciclaje y proyectos de economía circular.

Francia, Bélgica e Irlanda, ya han emitidos bonos verdes soberanos, con mucho éxito. El caso de Irlanda, el más ejemplar de este año: colocó 3.000 millones en la emisión de su primer ‘bono verde’ soberano a 12 años, el interés ofrecido por este instrumento ha sido del 1,399% y ha recibido una sobredemanda de 11.000 millones de euros procedentes de 170 inversores diferentes, entre ellos, en un porcentaje destacable de fondos de pensiones.

De esta manera, cada uno de nosotros estaríamos ahorrando para nuestro futuro, pero también aportando recursos para proteger nuestra salud, vivir en un aire limpio en nuestra vejez y mitigar el cambio climático.

José Palma Tagle
​Presidente de Empresas Líderes por la Acción Climática
presidente@leccc.org

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