El sitío de Leningrado por el ejército alemán duró 900 días entre 1941 y 1944. Los tres millones de habitantes de la ciudad tenían una única alternativa: sobrevivir. Las tácticas de supervivencia incluyeron alimentarse de ratas, gatos y pájaros. Algunos recurrieron a la antropofagia (se formó un mercado de cadáveres). La letalidad del encierro fue del 40%.
En contraste con este ejemplo histórico en el límite de lo posible, los gobernantes, los ciudadanos y las firmas de Colombia tienen un abanico de alternativas para enfrentar la pandemia del coronavirus. Examinemos primero las dos alternativas extremas y sus consecuencias. Si el confinamiento se relajara del todo en un momento inapropiado, la epidemia volvería a crecer rápidamente. Si el confinamiento generalizado se prolongara por varios meses consecutivos, se profundizaría el impacto negativo a los ingresos de los hogares y a la producción.
La primera lección de economía es que existen compromisos entre alternativas -a veces solamente temporales- cuando los recursos son limitados. Estos compromisos pueden ser dolorosos. En épocas normales, los sistemas de salud deben decidir el tope de cobertura de los gastos de enfermedades de alto costo, versus otras intervenciones de mayores beneficios sociales netos. La toma de decisiones en salud tiene un componente emocional porque los afectados con una enfermedad terminal que ya no recibirán recursos, por ejemplo, se convierten en casos mediáticos, mientras que los beneficiarios de los recursos liberados son invisibles, están dispersos y producen menos empatía en el público.
El objetivo de evitar el colapso del sistema hospitalario en las actuales circunstancias no se podrá cumplir fácilmente, incluso con medidas de confinamiento general. Se deben pensar otras salidas. Si el objetivo se cambiara a reducir la mortalidad a todo costo, los costos de cierre total de la actividad económica por varios meses consecutivos podrían ser mayores que los costos sociales de las infecciones adicionales producidas por la apertura.
Por ejemplo, si un municipio pequeño tuviera cinco unidades de cuidados intensivos y tres de ellas estuvieran ocupadas por pacientes con otras dolencias, la aparición de un par de contagiados graves por la pandemia llevaría a la interrupción de las actividades productivas de toda la población por varios meses. Y es razonable que la velocidad de propagación de la enfermedad en ciertos municipios pequeños sea baja.
Las decisiones compatibles con el interés público deben balancear la velocidad de expansión de la epidemia con la creación de valor económico. Estas decisiones tienen tres características. Primera, no son decisiones de salud pública, sino de bienestar general. Además de gestionar la salud pública, hay que generar ingresos corrientes a los ciudadanos y actividad económica que ayuden a fondear los subsidios a individuos, los sistemas de salud pública, y los estímulos al aumento de la demanda agregada.
Segunda, el horizonte de análisis es más largo que el de la solución de la crisis de salud pública. Hay que reducir la fracción adicional de la población vulnerable que caerá o recaerá en la pobreza, y reducir el riesgo de cierre de micro, pequeñas y medianas empresas, porque la recuperación de estos impactos negativos podría tardar dos o tres años. Aunque en un mismo período el confinamiento y el crecimiento económico estén en conflicto, al final del túnel se estará en mejores condiciones de crecer y atender futuras crisis.
Tercera, estamos en condiciones de ‘incertidumbre radical’: no se conocen todos los eventos futuros, ni sus probabilidades de ocurrencia. El comportamiento de la infección después de una primera ola es desconocido todavía. El rango amplio de resultados de los modelos con pequeñas variaciones en los datos aconseja examinar escenarios gruesos a cambio de usar un único estimativo puntual, que da una falsa sensación de precisión.
Las autoridades deben escuchar con cuidado las opiniones de los epidemiólogos, teniendo en cuenta que estos expertos tienen la formación para dar consejos en salud pública, restringidos por el juramento hipocrático (loable, indispensable) pero no por restricciones presupuestales. La misma objetividad debe aplicarse al análisis de las demandas por mayor apertura de ciudadanos y del sector productivo, que no necesariamente internalizan todos los riesgos de salud por un menor confinamiento.
La decisión pública consiste en un proceso de proponer, concertar, implementar y administrar regímenes de confinamiento parcial. Existe un elemento que restringe naturalmente la duración de los confinamientos generalizados: la capacidad de aguante de hogares y firmas, después de descontar los apoyos públicos y privados. El sentimiento del votante decisivo fue favorable a las medidas de confinamiento general hace dos semanas. El sentimiento podría cambiar al agotarse las reservas individuales en un país de bajos ingresos y llevar a actos de desobediencia difíciles de gestionar. Este asunto es crítico en las ciudades más grandes del país.
Los protocolos de confinamiento parcial deben definirse de acuerdo con umbrales en el número de infectados y velocidad de propagación, deben incluir incentivos a la digitalización de oficios y procesos empresariales, desarrollo de plataformas de emparejamiento de oferta y demanda de servicios por cuentapropistas, y desarrollo de plataformas de logística urbana de bienes intermedios para pymes. Estas medidas complementarán las medidas de protección social y de estímulo monetario que están en curso. Ya hay ejemplos de reajuste de las cadenas productivas en diferentes ciudades y sectores, que seguramente estimularán la innovación privada y mejorarán el potencial de reactivación económica.
Juan Benavides
Investigador asociado de Fedesarrollo y profesor adjunto de la Universidad de los Andes