El comisionado Restrepo en El Tiempo, y Fabio Echeverri en Semana, ofrecen declaraciones muy similares que parecen nutridas de un libreto común. Dicen, en síntesis, que los malvados en la monumental crisis política que vive el país son los partidos políticos y no el Gobierno; que éste lo que ha hecho es limpiar la cloaca política de las inmundicias que se acumularon allí durante los últimos cuarenta años; y el comisionado Restrepo llega a sugerir que los partidos pringados por el paramilitarismo (es decir, todos) deberían disolverse.
La propuesta, desde luego, no va a tener futuro. Ya la rechazaron los partidos a los que el siquiatra Restrepo les recomienda la eutanasia política. Es, de otro lado, inconstitucional. Pero además es desbalanceada institucionalmente. No se sabe a fin de cuentas si es un globo de ensayo o una cortina de humo. Pero sí se adivina que es una más de las muchas estrategias distractoras de la opinión pública tan favorecidas por estos días.
Los altos funcionarios -o los allegados cercanos del Gobierno- deberían ser más rigurosos con la historia antes de formular sus olímpicos juicios. Esta ligereza histórica no es rara en Fabio Echeverri quien hace algún tiempo afirmó, sin inmutarse, que entre el 7 de agosto de 1819 y el 7 de agosto del 2002 no sucedió en Colombia nada que valiera la pena recordarse.
Ahora sabemos que las vigas de la coalición uribista estaban carcomidas desde un comienzo por el comején paramilitar. Cosa que ha salido a la luz pública -no por denuncias del Gobierno-, sino gracias al arrojo periodístico de algunos medios de comunicación y a la Corte Suprema de Justicia. ¿Es correcto venir entonces a decir que el Gobierno nada tuvo que ver en ello? ¿Qué desconocía totalmente la existencia y el avance de la plaga? ¿Y que los solos culpables son los partidos que deben en consecuencia disolverse?
¿Acaso no fue el mismísimo candidato de entonces el que animó la fundación y conformación de las listas de los partidos que lo han acompañado en estos seis años? ¿Acaso no recordamos la desconcertante consigna presidencial según la cual: lo importante es que los congresistas amigos del Gobierno voten diligentemente las leyes antes de que los metan a la cárcel? ¿Acaso puede afirmarse que los cohechadores de Yidis y de Teodolindo fueron los partido y no los altos funcionarios gubernamentales como ahora se ha denunciado y como habrán de definirlo próximamente las altas instancias judiciales?
No. Si el Gobierno sinceramente quiere hacerle un aporte útil a la depuración de la política y a la superación de la inmensa crisis que vivimos debería comenzar por reconocer que las responsabilidades son compartidas. Que el problema no se gestó en los últimos 40 años, sino más recientemente. Que los responsables no son los partidos como instituciones jurídicas, sino de algunos de quienes los han representado en los cuerpos colegiados. Y que en muchos de los episodios de alcantarilla política (que con razón tienen hoy escandalizada a la opinión pública), los actores centrales no han sido los partidos, sino el más alto Gobierno. Gobierno que en esta hora crucial no puede salir a escurrirle el bulto a la historia.
No escurrirle el bulto a la historia
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Juan Carlos Restrepo
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