El argumento central del Gobierno, para justificar el llamado a un nuevo referendo por la sentencia de Yidis, consiste en afirmar que el conflicto con la Corte Suprema ha dejado de ser un problema judicial, para transformarse en otro político. Lo que no es cierto.
Sigue siendo judicial, y como tal debería mantenerse.
Si el Presidente o sus colaboradores consideran que la Corte ha valorado mal las pruebas, o que ha hecho apreciaciones o inferencias inadecuadas, está en todo su derecho a controvertirlas dentro de los procesos judiciales que siguen su curso. O a recusar a los magistrados que a su juicio no estén actuando correctamente. Pero lo que no se puede en un Estado de Derecho es rebautizar como político algo que continúa siendo judicial. Si este precedente llegara a abrirse camino, todo aquel al no le guste en adelante un fallo de una alta Corte, pedirá un referendo.
El referendo no está contemplado en la Constitución como un recurso contra los fallos judiciales. Está previsto como un mecanismo de consulta a la ciudadanía sobre asuntos de interés general, no particular. Los constituyentes del 91, no lo consagraron para que los gobernantes se saquen clavos contra las sentencias que nos les gusten de las altas cortes. El pueblo es soberano, claro está .Y el Presidente tiene todo el derecho a defenderse si lo juzga necesario. Pero en las democracias regidas por el derecho, no está previsto el llamado a la soberanía popular para controvertir los fallos de la justicia.
Las elecciones del 2006, se presumen legítimas y el Acto Legislativo que autorizó la reelección, goza de la presunción de constitucionalidad. La condena por cohecho a Yidis no hace espurias dichas elecciones. Es un fallo de carácter penal, no electoral. Y la Corte Constitucional muy seguramente, se abstendrá de revisar la constitucionalidad del Acto Legislativo, que autorizó la reelección presidencial con el argumento de que tiene el carácter de cosa juzgada.
Pero si hipotéticamente llegara a declararlas espurias, espurias se quedarían. Una elección no se sanea repitiéndola, como disparatadamente lo pretende ahora el Gobierno.
El recurso al referendo permanente, termina convirtiéndose inexorablemente -como en los tiempos de Napoleón III- en un mecanismo para renovar gobiernos por plebiscitos. En los que se llama al pueblo a pronunciarse por la continuidad de un mandatario y no para aprobar modificaciones al régimen constitucional.
Napoleón III a través del uso y abuso de los referendos-plebiscitarios, se las ingenió para perpetuarse en el poder más tiempo que su tío. Solo que terminó llevando a Francia a la guerra con Prusia, a la perdida de Alsacia y Lorena y a la derrota de Sedán.
La comisión de 'notables', recientemente nombrada, debería renunciar como un gesto de independencia y de respeto con ella misma. ¿Cómo es que, llamada dizque para recomendar salidas a la grave crisis política que vive el país, le sale ahora el Gobierno -antes de que cumpla con su apremiante mandato- con la sorpresiva propuesta de convocar a un referendo para repetir las elecciones del 2006? ¿Quién le va a parar bolas a sus recomendaciones, cuando el país se va meter en el túnel de un nuevo referendo?
Los medios de comunicación oficiales están a disposición del Jefe de Estado para que informe a la nación -cuando lo juzgue conveniente- sobre la marcha de los asuntos de interés general. No para plantear camorras contra el poder judicial por los fallos que le desagraden. Ni para echarle encima a los jueces los perros bravos de la opinión pública.
El respeto de estos tenues linderos es lo que marca el límite entre un Estado de Derecho y el que no lo es.
Posdata
Escrito éste artículo se conoce el rescate de Ingrid Betancourt y de los demás secuestrados. Nuestra mejor felicitación a las fuerzas militares y de inteligencia que ejecutaron tan exitosa operación.
Tenues linderos del Estado de Derecho
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Juan Carlos Restrepo
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