Que el subsuelo pertenezca a la nación y no a los dueños de los lotes me parece tan razonable como que, por el contrario (o por lo mismo, según se mire), toda playa debe ser pública, como son los caminos veredales desde que así se empezara a legislar hace cinco o más siglos.
Caminos, pasos de montaña, peajes, puentes, canales y ríos (finalmente también la Mar Océana), fueron todos, a su debido tiempo, objeto de largas y sangrientas disputas entre reyes, duques, condes, caciques y centenares de malandrines menores, Robin Hood entre ellos. En 1494, el Reino de Castilla y Aragón, que acababa de ‘anexar’ a sus dominios un continente ajeno, se reparte el resto del globo terráqueo, miti-miti con el Reino de Portugal, y lo hacen trazando una raya de la que queda constancia en el Tratado de Tordesillas, con firma papal. ‘Tratado’ que el rey de Francia, con venenosa ironía, protesta tildando de “Testamento de Adán”, según el cual solo los ibéricos eran legítimos herederos de las tierras del posEdén.
El derecho a deambular, el derecho de ir de a un lugar a otro, sobre todo dentro de una nación, es tan importante como la demarcación clara de fronteras nacionales, departamentales y municipales.
Ahora, lo que sí parece a todas luces ridículo sería que a cada hijo de buen vecino le diera por perforar su propio pozo petrolero en el jardín de atrás, como hicieron los célebres palurdos de ‘Beverly Hills’ en el Hollywood de la TV y que dieron pie también al tonto mito urbano de que, en Estados Unidos, si alguien sufría un traspié en la acera frente a la casa, su propietario era responsable por daños y perjuicios y no una autoridad distrital pertinente.
Mitos que alentaron otras exacerbaciones perversas del ámbito privado y que condujeron, también, en Estados Unidos a los servicios médicos más costosos del mundo, en donde, una práctica por definición altruista y hospitalaria, la medicina, quedó sujeta a procesos contenciosos tan onerosos y obtusos que a su lado nuestras tutelas son un bolero.
Entonces, al trazar las rayas de toda cartografía, al reglamentar las legislaciones que correspondan a los distintos territorios, no son necesarios avales de papas o mamos o pueblo raso, y tampoco, claro, de geólogos de la Exxon, pero tal vez sí de cartógrafos, geólogos y sismólogos de la Universidad Nacional, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de Ecopetrol, instituciones que merecen tanto respeto como el Banco de la República, entidad que ha demostrado con solidez y continuidad una autonomía y buen juicio ausentes en muchos otros asuntos del Estado.
Si instituciones nacionales serias (y que las hay, las hay, como las brujas) consideran que el fracking garantizaría el autoabastecimiento de crudo hasta el 2030, permitir la estrategia; llegadas esas fechas, quien quiera gasolina que la pague en oro. La gobernanza no es solo un pulso entre vecinos ofendidos (aunque también es eso); una nación funcional requiere institucionalidad y criterio, no antagonismo cerrero per se.
