Entendible el ambiente de incertidumbre que existe por estos días en el panorama nacional en diferentes temas. De una parte, los empresarios –que reclaman una reforma tributaria, aunque nadie lo creyera– están a la expectativa del panorama económico. El país pasó rápidamente de tener un dólar que se cotizaba sobre los 3.400 pesos a los 2.900 pesos, un precio del petróleo que ronda los 42 dólares, un índice Colpcap de la Bolsa de Colombia que empieza a recuperar el terreno perdido durante el último año y un crecimiento económico cercano al 3 por ciento (que si bien es bajo, es el mayor de la región).

Y por otro lado, están los ciudadanos. Por supuesto, esa primera fotografía –un poco optimista– no es indiferente a la creciente inflación, la inestabilidad con el tema de las licencias ambientales o el contundente plan de austeridad que sufre el Estado por estos días. En materia política, inevitablemente la agenda pública comienza con el proceso de paz, que se convirtió en la justificación de casi todo: reforma tributaria, reforma política, reforma agraria y hasta la pensional. Desde la perspectiva política, hay incertidumbre por lo que podría pasar con la investigación que se lleva al Procurador General, la elección del nuevo Fiscal General y el demorado reemplazo del saliente Defensor Pueblo.

Por eso, los cambios en el gabinete ministerial que anunció ayer el presidente Juan Manuel Santos le dan oxígeno al Gobierno Nacional. La llegada de Clara López al Ministerio de Trabajo, Elsa Noguera a Vivienda, Jorge Londoño a Justicia, Jorge Eduardo Rojas a Transporte, María Claudia Lacouture a Comercio, Germán Arce a Minas y Luis Alberto Murillo a la cartera Ambiente, envían un mensaje de renovación desde un equipo que se veía cansado. Le quedan dos años al Gobierno para cumplir con varias de las promesas que aún son claves para los ciudadanos.

En materia de infraestructura se debe mantener el ritmo y la articulación lograda entre entidades del sector (y en eso tiene razón el vicepresidente Germán Vargas Lleras al pedir que se revise la figura de consultas previas); desde el tema económico, se requiere avanzar en una verdadera política para la industria y la innovación que fomente las condiciones favorables para los empresarios y emprendedores al país de cara a los desafíos que representan los inevitables tratados de libre comercio. Ojalá se integraran todas las convocatorias desde lo institucional en un solo lugar (financiamiento, capacitación, compensaciones, asistencia técnica, subsidios, apoyos y acompañamientos).

Y aquí es cuando el trabajo mancomunado puede enviarle un mensaje de tranquilidad al país. Que el otorgamiento de licencias ambientales no se demore cuatro años (sin importar la decisión) y garantice condiciones para la inversión extranjera. Ojalá con la reforma tributaria se superen las brechas entre pagos de impuestos para empresarios y ciudadanos, se modernice la estructura y se castigue menos al patrimonio (como oportunamente lo solicita el empresario Arturo Calle).

Se firmará el proceso de paz y es allí cuando el país comenzará un camino largo lleno de retos, entre ellos la reconciliación, la impunidad, la reparación y la eficiencia del Estado en el funcionamiento de todos sus procesos. Con todo ese panorama, el nuevo objetivo será la lucha contra la corrupción.

Juan Manuel Ramírez Montero
Consultor
j@egonomista.com