Nada fue más retador en el gobierno anterior que definir la economía naranja. Ni sus propios creadores lograron en los primeros meses de gobierno coincidir sobre qué actividades incluir allí y no pocos ministros expresaron en secreto su confusión con el tema.
Muy al final del cuatrienio, el Dane logró aproximarse a ese concepto desde la perspectiva de las mediciones pero en un momento en el que hablar de las industrias creativas (que técnicamente es como se llama) no era propiamente una prioridad en la agenda, dado que la pandemia reconfiguró las necesidades en materia de política pública.
Por eso no deja de llamar la atención, sin que la comparación suene odiosa, que el nuevo gobierno pretenda poner de moda a la economía popular como el nuevo concepto que habita el plan de desarrollo.
A lo largo de sus más de 232 páginas, la carta de navegación del nuevo cuatrienio menciona a este conjunto de actividades productivas como el nuevo foco transversal de atención de la política pública.
Se habla sobre esta nueva conquista desde el emprendimiento, las exportaciones, la mayor inclusión financiera, la redefinición de las cámaras de comercio e incluso desde la transformación digital.
Y desde luego que surgen muchas preguntas sobre el alcance que tendrá el planteamiento de una nueva economía que contempla la reivindicación de los negocios informales (que son 7 de cada 10 en Colombia).
¿Se reducirán las barreras de acceso a la formalidad? ¿Se harán más competitivas las tarifas de licencias de funcionamiento, registros sanitarios o de propiedad intelectual y demás permisos necesarios para emprender? ¿Estarán en la misma balanza tributaria las empresas en etapa inicial junto con las que cumplen 5 años? ¿Si hay alguna posibilidad de que un pequeño negocio informal considere si quiera formalizarse y pagar IVA y registro mercantil? ¿Cómo lograr que los negocios que hacen parte de la economía popular accedan a los servicios financieros para apalancar su paso hacia la constitución como empresa?
La mayoría de esas preguntas se responden con el auge de la economía digital, que es el escenario hacia donde deben mirar los países en América Latina.
No hay mejor catalizador para romper brechas sociales, acabar intermediaciones, reducir riesgos para el acceso financiero (a través del open banking) que la tecnología.
Si Colombia quiere tener más negocios formales lo único que tiene que hacer es facilitarles la vida a aquellas plataformas digitales que sin mayores costos ayudan a que, por ejemplo, la tienda de la esquina cuente con una forma fácil de llevar su contabilidad, una pasarela de pago o un terminal electrónico, una billetera virtual, acceso a microcrédito fintech y domicilios en tiempos muy eficientes.
En estos tiempos, lo popular es abrirle espacio a la economía digital.
JUAN MANUEL RAMÍREZ M.
PROFESOR ADJUNTO UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
j@egonomista.com
