Ya sabemos que el presidente de la República le habría pedido la renuncia a la Ministra de las TIC, Karen Abudinen, por el escándalo de la fallida licitación por un billón de pesos para lograr la conectividad en áreas rurales de 16 departamentos de Colombia.
Un proceso que empezó mal y, por supuesto, terminó peor: pólizas falsas, atraso de los contratistas, reencauche de los carteles de la contratación de Bogotá, verdades a medias y un anticipo que se giró sin la justificación suficiente.
Su salida era un secreto a voces desde hace varias semanas pero lo que sorprende es que se hayan esperado hasta los días previos al debate de moción de censura en el Senado (recuerden ustedes que es el segundo ministro que se cae previo a un debate en el Congreso), donde las mayorías se estaban disminuyendo.
Las consecuencias son catastróficas para un sector como la economía digital que había pasado invicto en cuanto a escándalos de corrupción y que se ha caracterizado, durante la última década, por generar buenas noticias.
Hay una afectación estructural sobre la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad que la soporta y se viene un proceso largo de recuperación de los recursos perdidos que tendrá consigo demandas de los contratistas e investigaciones sobre todos los funcionarios públicos que participaron en el proceso.
Será algo así como una serie con varias temporadas en la que nos enteraremos de cómo fue este entramado de corrupción que contó con la presunta participación de diferentes actores.
Sin embargo, aún quedan muchas preguntas que merecen respuestas urgentes: ¿Se debía declarar la caducidad de un contrato que a todas luces no tenía validez en la medida que se legalizó con pólizas falsas? ¿Se vendrá una demanda que podría tumbar este contrato en un par de años cuando la ETB haya avanzado en su ejecución? ¿Lo mejor era declarar la nulidad del contrato e iniciar un nuevo proceso para ahorrarle la incertidumbre jurídica al país y permitir, de paso, que nuevas compañías pudieran participar?
¿Si la ETB había propuesto en su oferta un menor número de puntos para conectar a Internet cumplirá con los adicionales de Centros Poblados? ¿Si Centros Poblados ya se ha gastado parte del anticipo en dispositivos de conectividad, el Ministerio de las TIC recibirá estos equipos como parte de la ejecución y los entregará a la ETB? ¿Recibirá la ETB un nuevo anticipo por 70.000 millones de pesos?
Y dos aspectos finales: ¿Hasta cuándo tendrán que seguir esperando nuestros niños y niñas en las zonas rurales de Colombia para que los conecten en sus escuelas a Internet? ¿El nuevo Ministro o Ministra mantendrá el contrato, que por cierto aún no se firma, con la ETB o decidirá iniciar de nuevo el proceso? Ya veremos.
Juan Manuel Ramírez M.
Profesor adjunto de la U. del Rosario / j@egonomista.com