El país que recibió el presidente Gustavo Petro tiene luces y sombras en cuanto a economía digital. Aunque en la última década, el país avanzó de manera acelerada en conectividad para llevar Internet a las regiones más apartadas del territorio, lo cierto es que el gobierno saliente se fue por debajo de la meta del 70% entre zonas rurales y urbanas de acceso de hogares a Internet.
Y aunque algunos celebran que en materia de telefonía móvil el número de usuarios equivale a más de la mitad del país, lo cierto es que no todo el mundo se puede dar el lujo de tener un plan de datos o un teléfono inteligente en su casa. Si quieren hablar de desigualdad en Colombia, miren hacia el acceso a Internet como derecho universal aún no garantizado.
¿Pero de qué sirven las autopistas sin los vehículos? Tendrá entonces el nuevo gobierno que garantizar, no solamente el acceso a Internet, sino que los colombianos con mayor vulnerabilidad en sus ingresos cuenten al menos con un dispositivo electrónico, que además sepan aprovechar. Ese panorama invita a que se mire, por ejemplo, el programa de Medellín que entregó computadores a los estudiantes de los colegios públicos. Y también crecer la infraestructura de las universidades públicas para motivar la mayor apropiación digital de las comunidades académicas.
Entonces hay que hablar de formación TIC como otro de los grandes retos. Que bueno planear cátedras de pensamiento computacional, desarrollo y programación, matemáticas pensadas para las nuevas tecnologías y si se quiere bilingüismo, desde la educación básica o secundaria. ¿Pero quién va a dictar las clases de estas habilidades? Habrá que formar a los formadores antes que a los estudiantes para que Colombia avance en el camino de sintonizar a sus jóvenes con las nuevas demandas laborales de las tecnológicas.
Y finalmente la agenda de transformación digital en todo nivel, tanto en lo público cuando corresponde a la modernización del Estado como en lo privado cuando se habla de generar valor con tecnología en los sectores productivos. Ante la promesa del software libre como alternativa para la digitalización de los trámites, el nuevo gobierno deberá acelerar los procesos de interoperabilidad entre instituciones, eliminar trámites innecesarios, reducir tiempos y garantizar que plataformas como Dian e Invima funcionen sin tanta intermitencias.
También habrá que proteger esa explosión de emprendimientos de alto impacto que tiene Colombia en fintech, healthtech, edtech, proptech y agritech, no solo para crearles condiciones de sostenibilidad sino para que otras nuevas startups despierten en los próximos años y en medio de ese panorama se contribuya a que las pymes que sufren la informalidad, superen el valle de la muerte y encuentren en la agenda 4.0 un país de oportunidades porque, al fin y al cabo, ese es el espíritu de la economía digital.
Juan Manuel Ramírez
j@egonomista.com / Profesor adjunto Universidad del Rosario.
