No la tiene fácil la recién posesionada ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama. En primer lugar, llega a un ministerio que sólo registraba buenas noticias y ningún escándalo.
En segundo lugar porque deberá, atendiendo las instrucciones del Presidente Duque, recuperar los recursos que se perdieron de la fallida licitación de Centros Poblados.
También tendrá que decidir si firmar o no el contrato con la ETB para que asuma el proyecto de conectar a las escuelas rurales de los 16 departamentos que se encuentran en sala de espera. Y, no menos importante, avanzar en la agenda pendiente de otros temas de alta sensibilidad para ese propósito de convertir a Colombia en el Silicon Valley de A. Latina.
Pero sin duda el tema que le quitará el sueño a la Ministra tendrá que ver con la agenda de conectividad.
De una parte porque en la ETB están a la espera de la firma del contrato, como se ha dado a conocer públicamente, en las mismas condiciones propuestas en la licitación; lo anterior significa menos puntos conectados que los propuestos por Centros Poblados, el mismo anticipo y la no recepción de los equipos comprados hasta el momento.
Y es entendible porque al ser el segundo de la lista lo razonable es que mantenga las mismas condiciones ofertadas desde el comienzo. Habrá que ver si desde el Ministerio TIC se comparten estas mismas expectativas o si más bien se decidirán por la senda irreconciliable de cambiar las condiciones del contrato.
Si este último aspecto sucediera entonces lo más probable es que haya que iniciar una nueva licitación, a menos de un año del mandato Duque, a cierre del 2021 y en plenas contiendas electorales.
En pocas palabras, muchas variables en su contra y una gran posibilidad de que el tema pase a manos del nuevo Presidente. Otro asunto que deberá resolver la Ministra es la agenda regulatoria que reclama el país para la economía digital.
A la reglamentación de las plataformas de movilidad no se le puede hacer más el quite ni desde Congreso ni mucho menos desde Gobierno. El liderazgo de la Ministra será determinante para que el debate trascienda la orilla de lo jurídico y se aborde desde la política pública de transformación digital.
Ni qué decir de la modernización del Estado que pasa por la carpeta digital -con la historia clínica electrónica-, la superación de las brechas en interoperabilidad entre entidades, la transformación digital de la justicia, el impulso a los operadores de telecomunicaciones para que conecten al país que hace falta a través de los incentivos en el espectro y el acompañamiento a la Comisión de Regulación de Comunicaciones en lo relacionado con las garantías antimonopolio del mercado. Muchas tareas en la lista para tan poco tiempo. Tendrá que aplicar la Ministra la estrategia Google de priorizar entre lo prioritario.
Juan Manuel Ramírez M
@egonomista.com
Profesor adjunto Universidad del Rosario