La reformulación de la política agropecuaria y de desarrollo rural pasa por el diálogo permanente con los campesinos y la asignación de recursos.
Poca atención prestó la opinión pública al hecho histórico de que los recursos para el campo ascendieran a un récord de 5,2 billones de pesos, provenientes, en primer lugar, de la asignación natural del presupuesto, que este año es de 2,1 billones de pesos, pero que también contará con una fuente adicional como es la del 2 x 1.000, que equivale a cerca de 3,1 billones de pesos; este último monto, vital para los cafeteros, que recibirán –de ahí– 1,2 billones de pesos en subsidios, y el resto estará destinado para cumplir diferentes acuerdos que se adquirieron, además de la implementación del denominado Pacto Agrario.
Como la preocupación en Colombia siempre será la asignación de los recursos, las alcaldías y gobernaciones cuentan con un instructivo que les explica los pasos que deberán llevar a cabo para recibir propuestas de los campesinos, que se concertarán con los consejos municipales de desarrollo rural y los consejos seccionales de desarrollo agropecuario. Resulta acertado, en este propósito, el alto componente de diálogo social que acompaña a la estrategia del Gobierno para reformular la política que busca recuperar el campo y superar el abandono al que les ha tocado acostumbrarse a los campesinos.
Tanto el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, a través de su Dirección de Derechos Fundamentales y su Subdirección de Promoción Social, como el ministro de Agricultura, Ruben Darío Lizarralde, por medio de su Viceministerio de Desarrollo Rural y del Incoder, se han ‘hechado al hombro’ la implementación de esta estrategia que, entre diálogo social y destinación de millonarios recursos, sembrará una semilla para el progreso del territorio rural colombiano. Hay que decirlo, aún quedan grandes retos en el campo como la desigualdad, pobreza, desempleo, violencia, infraestructura, concentración de la tierra y competitividad, pero claramente plantear soluciones a través del consenso general constituye una base para la ejecución de los recursos.
Las soluciones para un sector que se encuentra en crisis no dan espera y una muestra de que comenzó el momento de desatrasar el paquete de soluciones para el campo es la voluntad que el Gobierno quiere brindarle al diálogo. El desafío, ahora, es demostrar que entre consultas y recursos disponibles, dicho interés se va a traducir en soluciones puntuales que se vean traducidas en indicadores que evidencien mejoras en los diferentes fenómenos sociales que aquejan a los campesinos. Al fin y al cabo, la capacidad de un gobierno de escuchar y proponer a sus ciudadanos salidas a las diferentes adversidades que se presenten es lo que legitima sus políticas públicas. En Colombia está de moda el diálogo y eso es una verdadera conquista para el país, sus ciudadanos, sus instituciones y para la conciencia colectiva que tanto ha dejado de creer en lo público.
Juan Manuel Ramírez M.
Consultor privado
ibaweb@hotmail.com
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