Un breve análisis a los 183 compromisos que adquirió el Gobierno Nacional con los campesinos de diferentes sectores permite reconocer que durante el último año se han cumplido varios de los acuerdos establecidos con los campesinos.
Para dar algunos ejemplos, vale la pena comenzar con el sector cacaotero, con el cual se acordó aumentar de 400 a 800 pesos por kilo el apoyo para la comercialización del grano; hasta el cierre del 2013, ese valor fue superado mediante la inversión de 25.000 millones de pesos; para los cafeteros –uno de los casos más generosos– se pactó asignar mayores recursos para compensar su ingreso, y se pasó de 78.800 millones de pesos en el 2012 a más de 1 billón en el 2013, cifra que se mantiene este año a través del famoso Programa de Apoyo al Ingreso del Caficultor (PIC).
Pero, tal vez, uno de los ejemplos que más llama la atención por el número de compromisos, a propósito de las convocatorias a paro, es el sector arrocero, y cuyos acuerdos pasan por solicitudes como atender el fenómeno del contrabando, garantizar la compra por parte de los molinos, asignar recursos para el programa de incentivo al almacenamiento y mayor participación en el Consejo Nacional del Arroz; todas las mencionadas hasta aquí se encuentran al día.
En la evidencia quedan, en su orden, el proyecto de ley anticontrabando que cursa en el Congreso; el acuerdo con los molinos que se comprometieron a comprar el producto; los 53.000 millones de pesos para el apoyo al almacenamiento de 500.000 toneladas, y la presencia de un representante del movimiento Dignidad Arrocera en el Consejo Nacional.
Otros sectores como el de la papa reclaman, entre varias cosas, apoyo para la comercialización, aumento del precio garantizado y programa de coberturas.
En este sentido, el Ministerio de Agricultura aclaró que acompañó la propuesta de otorgar a los productores una compensación de 140.000 toneladas de fibra, que se destinaron 10.299 millones de pesos para la comercialización de maíz blanco y se aseguró la continuidad del programa de coberturas para este año.
El panorama de los algodoneros no es la excepción, allí se contempla un plan de apoyo a la compra de semilla por 7.000 millones de pesos y se garantizará un precio mínimo hasta el próximo año.
En términos generales, el balance presentado por el ministro Rubén Lizarralde evidencia que el país ha madurado frente a la atención que históricamente han merecido los campesinos por parte del Estado. Resulta una tarea titánica establecer diálogos permanentes con las comunidades para atender rezagos de tantos años, pero la labor se ha hecho, y eso hay que reconocerlo.
Claramente, aún quedan grandes desafíos asociados a la infraestructura, la restitución de tierras, las zonas de reserva campesina, la seguridad en las regiones y la descentralización establecida en la Constitución.
Hoy, la realidad es que tenemos un país donde, a diferencia de otros años, se puede protestar, hacer paros, exigirle al Gobierno compromisos y resultados, y ese es un avance estructural.
Juan Manuel Ramírez
Consultor privado
