Hay algo en lo que estamos todos de acuerdo y es que al país le urge acabar con la minería ilegal, culpable, entre otras cosas, de las más de 180 toneladas de mercurio desechadas en el territorio colombiano. Se trata de un fenómeno que está destruyendo ecosistemas, promoviendo la violencia en las regiones y que, con complicidad de las fábricas, prospera para terminar haciendo parte de fragmentos de aparatos electrónicos y diferentes dispositivos. La informalidad y la ilegalidad debe ser un punto prioritario en la agenda pública de los gobiernos.
Pero, como bien lo dijo el rector de la Universidad Externado, Juan Carlos Henao, a propósito de una interesante investigación que se presentó al país en el marco de los 130 años del claustro educativo: “No hay que satanizar al sector minero”. Una cosa es la minería ilegal y otra muy diferente la minería. Mientras el primero es “un fenómeno al que se debe matar por la cabeza”, el segundo es un sector económico que, regulado y en consenso, puede generar desarrollo para el país.
Y allí hay que traer a colación el tema de las consultas populares, que si bien permiten recoger parte de la opinión ciudadana, también pueden ser objeto de populismo y politiquería por parte del gobernante de turno. Una interpretación del reciente comunicado de la Corte sobre el fallo relacionado con esta materia, que se dará a conocer en los próximos días, deja claro que el consenso entre las regiones y el nivel central es fundamental para el desarrollo del sector minero. Y esa es una de las conclusiones del estudio de la Universidad Externado. Sin embargo, las consultas no son necesariamente el mejor camino para decidir en la región si llevar a cabo o no un proyecto minero. Existen herramientas de diálogo más acertadas que permiten no solo determinar si es blanco o negro, sino, además, los detalles de cada decisión.
Para no ir tan lejos está el caso de la mina La Colosa, en el Tolima, donde la propuesta de consulta popular se ha vuelto una herramienta política de algunos sectores (hecho que ya generó un llamado de la Procuraduría General de la Nación) para promover una pregunta en las campañas publicitarias: ¿oro o agua? Así, sin puntos medios, sin preguntar qué pasa si se lleva a cabo el proyecto. ¿Regulación? ¿En qué gastar las regalías? Y estas últimas preguntas las planteo porque no hay que ser un adivino para saber que muchos de los grandes proyectos mineros como este se van a realizar con toda certeza.
Así las cosas, la ‘no satanización’ del sector minero es clave, la eliminación de la minería ilegal, aún más importante, la modernización (y no persecución) de la minería artesanal, una oportunidad, y la valoración de la autonomía territorial con garantías y acompañamiento del nivel central, un desafío para el futuro inmediato. No es justo perseguir a las multinacionales como si fueran ilegales, pero sí exigirles regulación, cumplimiento de normas, inversión en sostenibilidad y respeto por el medioambiente. Esto es búsqueda de equilibrio para todas las partes.
Una gran contribución deja la Universidad Externado al debate, que por estos días se toma la agenda pública. Vale la pena leer la investigación.
Juan Manuel Ramírez M.
Consultor
j@egonomista.com
Mauricio Reina
INVESTIGADOR FEDESARROLLO
