Para que sean una bendición se necesitan instituciones estatales fuertes e idóneas, con políticas competitivas y libres de manipulación y corrupción. Se necesitan dos para bailar tango. Es crucial que la empresa privada haga lo suyo con un claro entendimiento de la responsabilidad pública del sector privado.
Minería e hidrocarburos comportan grandes inversiones de riesgo a largo plazo y requieren seguridad jurídica y física. Es crucial que el Estado cumpla con sus electores e invierta eficazmente el dinero que las compañías pagan. Las empresas tienen la obligación de pagar impuestos y regalías. La responsabilidad del Estado es usar esos recursos para resolver los problemas de la población donde operan las compañías. Cosa que hoy evidentemente no sucede.
La pobreza no es culpa de las empresas, es culpa del Estado. La institucionalidad en Colombia sigue siendo precaria. La gente se queja, con razón, de que el Estado no ha sabido negociar, regular y administrar bien nuestros recursos naturales. Las organizaciones se quejan de los cambios en las reglas de juego, la rotación constante en las posiciones de mando y la falta de apoyo político al sector.
Hay avances en el Estado, como la reciente creación de la Agencia Nacional de Minerales y del Viceministerio de Minas. Pero la implantación ha sido lenta. Son años largos de una locomotora expuesta a la intemperie de las críticas de todo tipo, algunas serias, otras desinformadas y malintencionadas.
Las empresas han avanzado, entendiendo que sus obligaciones van más allá del mínimo necesario y que los estándares esperados son cada vez más altos. Pero falta mucho camino por recorrer para ‘ser y parecer’ responsables en conjunto.
Colombia tiene la bendición de contar con recursos naturales. Los colombianos necesitamos empleo, desarrollo económico y protección ambiental. Encontrar el balance, como en toda actividad humana, es difícil. El solo crecimiento económico no garantiza que los ingresos lleguen a toda la población. Para que todos nos beneficiemos, el Gobierno debe distribuirlos equitativamente y las empresas asumir seriamente su responsabilidad pública. Tan solo protección del medio ambiente implicaría que hoy viviríamos en la selva. Nunca encontraremos el balance si la conversación se convierte en gritos entre hinchas de una alternativa y otra, apoyados solo en su convicción personal y negando toda evidencia científica como ‘un complot de los poderosos’. Y peor si los hinchas son ‘barras bravas’.
Como en aquellos juicios en que los únicos que ganan son los abogados, en este a la minería los que están triunfando son los que buscan que nuestro modelo de desarrollo fracase y los que se benefician de pequeños oportunismos políticos o profesionales desde los que se lucran.
Ya el Gobierno Nacional parece estar haciendo lo suyo. Sectores de la empresa privada parecen estar cumpliendo su parte. Hay que acelerar, trabajar juntos, asegurar que las demás instituciones del Estado y los demás jugadores del sector privado sigan por ese camino, mantener el debate a alto nivel y hacer que quienes desinforman se deban ruborizar por su ignorancia, o por su mala intención.
LEÓN TEICHER
EMPRESARIO