En Colombia, decimos una cosa y hacemos otra. Esa conducta no generaría demasiados problemas si no se presentara en quienes tienen a su cargo crear y administrar leyes, y ‘formar opinión’.
Nos alegra el crecimiento de la inversión extranjera, pero cuando entra en Colombia se convierte en ‘malvadas multinacionales’.
Nos encanta que nuestras empresas inviertan en otros países, pero no pensamos que allá son ‘multinacionales’.
Lo cual, de facto, las transformaría en monstruos explotadores. Eso lo arreglamos llamándolas ‘multilatinas’.
Suena mejor.
Invertimos en promover nuestro país en el mundo, con ‘rondas’ para atraer inversionistas internacionales, pero, a aquellos que han invertido por décadas los insultamos por negociar con el Estado bajo las reglas existentes cuando entraron.
Luchamos por obtener ‘grado de inversión’ para atraer ese capital, pero creamos inestabilidad jurídica al exigir cambios a través de negativos mensajes en los medios.
Decimos que estamos ‘blindados’ (ya no, ahora solo estamos “mejor que los demás”), lo cual ocurre predominantemente gracias a los sectores extractivos (petróleo, gas, minería), pero atacamos esa fuente de riqueza como a la plaga. Les cobramos impuestos de todo tipo, incluyendo los ‘de guerra’ y regalías (por supuesto), pero, al fallar el Estado en utilizar esos abundantes recursos para resolver los problemas de la población (como es su obligación) los criticamos porque existe pobreza alrededor de sus operaciones. Esas malvadas multinacionales además de pagar tributos deben asumir las obligaciones del aparato estatal nacional, regional y municipal que no las cumple.
Y de los organismos responsables de ese incumplimiento con la nación, en quienes los electores depositaron su confianza, surgen las más ruidosas exigencias.
Criticamos a la Fiscalía por crear lo que periodistas han llamado “falsos positivos”, pero tan pronto salen de labios de algún fiscal acusaciones a una empresa las tomamos por ciertas y patrióticas. Sabemos de la dificultad que tienen Procuraduría y Contraloría para cumplir sus funciones en medio de una gigantesca y torpe burocracia, pero aceptamos como lógica la advertencia previa que se le hace a un ministro para que no se le ocurra tomar una decisión que ellos consideran a priori como indebida.
En el seno de una de las instituciones en las que menos confía la población colombiana, el Congreso, solo se necesita atacar a una empresa privada o a una multinacional para que su accionar, de repente, adquiera credibilidad y confianza.
La Constitución de Colombia dice: “las autoridades de la República están constituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes…”.
Cuando alguien irrespeta a una persona se somete a la posibilidad de una demanda por calumnia. Pero a las ‘personas jurídicas’ parece que no les aplica la Constitución.
Es posible destruir el nombre y la reputación de una empresa impunemente.
Yo pensaba que la ‘enfermedad colombiana’ (que no Holandesa) se limitaba a siempre buscarle problemas a las soluciones, en lugar de soluciones a los problemas.
Pero, ahora, encuentro que los síntomas incluyen una inmarcesible confusión.
Claro que una vez hayamos asustado a todas las multinacionales ya no tendremos que preocuparnos por ‘el grado de inversión’, ni por hacer engorrosas ‘rondas’ internacionales.
Leon Teicher
Empresario
