Si algo ha demostrado esta crisis es que la reducción de las partidas de gasto público productivo produce caídas mayores en los ingresos del Estado, algo que ya sabían hace casi 100 años economistas como Keynes, Minsky o Irving Fischer, en lo que alguno de ellos bautizó como la paradoja de costos.
El error de base con el que parten los presupuestos de países como España es la previsión de una caída del PIB de solo 0,5% para el 2013, cuando el consenso del mercado es un declive del 1,5%.
A partir de aquí todo está mal, lo que obligará al Gobierno a tomar nuevas medidas de ajuste o subidas impositivas sobre la marcha, si quiere cumplir los objetivos de déficit trazados.
El problema surge porque la necesidad de estabilizar el déficit público, cuando se está expuesto a los mercados por sobreendeudamiento, obliga a gestionar los gastos en función de su coeficiente multiplicador del PIB, y a gestionar los ingresos en función de su coeficiente de impacto en el crecimiento económico.
Pero, para esto, lo primero que hace falta es saber a dónde se va, es decir, tener un plan estratégico, algo que hace falta en unos presupuestos como los de España, en los que el Gobierno se verá obligado a ir tomando medidas drásticas sobre la marcha, de al menos otros 10.000 millones de euros, que tendrán que venir vía recortes o nuevos ingresos.
Pero, sobre todo, de unos presupuestos en los que se recortan indiscriminadamente, sin criterio económico, partidas presupuestarias, como las de inversión, que deberían subir.
En un momento en el que la mayoría del sector privado está en proceso de colapso, en el que los bancos han restringido hasta la extenuación las líneas de crédito, y un sector exterior que crece, pero a un ritmo muy inferior a lo que cae la demanda interna, no por falta de competitividad, como parece indicar el anunciado Plan Nacional español de Reformas, de dudoso impacto, sino porque abrir un mercado exige tiempo e inversión, lo único que puede mantener la demanda es la gestión óptima del gasto público, incrementando las partidas de inversión pública, sujeta a rentabilidades de política económica y de reestructuración del tejido empresarial, algo que no se ha contemplado.
Obviamente, una política de este tipo exige un incremento de los ingresos, que es por donde se puede atajar el déficit público en una situación como la actual, y el cual veo más acertado, aunque insuficiente, la política tributaria aprobada en los presupuestos españoles de 2013.
Factores como el nuevo gravamen de la lotería y la prórroga del impuesto sobre patrimonio son cargas tributarias de escaso impacto a corto plazo en el consumo, que es lo que hay que mantener a toda costa en estos momentos.
Chirrían más medidas como la limitación de la amortización al 70% en el impuesto de sociedades, por el resultado negativo que una medida de este tipo puede tener en la inversión productiva, pero sobre todo hecho en falta que no se explore la posibilidad de obtener beneficios extraordinarios vía privatizaciones.
Lorenzo Dávila
Jefe de Investigación del IEB, España
lorenzodavila@emecero.com
