Demasiadas son las expectativas que se han descargado sobre el denominado banco malo español (Sareb), que nace con la vocación de convertirse en un sumidero de los activos tóxicos inmobiliarios del sector financiero, como paso previo a la recuperación del canal de crédito en nuestro país, y, sin embargo, son varias las sombras que lo acompañan.
En primer lugar, la demostrada incapacidad de dicho vehículo para poder realizar el fundraising fuera de nuestras fronteras le ha llevado a depender del capital que aportan parte de las entidades financieras nacionales más saneadas, pero que también cuentan con una colección significativa de activos inmobiliarios fallidos. Esto tiene consecuencias tanto en la viabilidad del nuevo banco como en la recuperación del canal de crédito y la reactivación económica de nuestra economía, más allá de aquello de poner al zorro a cuidar del gallinero, en la medida en que esto va a llevar a que los activos no entren al banco por su valor estresado, que sería lo más razonable si queremos aportar viabilidad al proyecto, sino por valores más próximos a lo ya provisionado por las entidades, para que estas no tengan que repercutir las minusvalías de la cesión de activos en su cuenta de resultados que las obliga a nuevas ampliaciones de capital para cumplir con los requerimientos de capital regulatorio y económico –recordemos que las tres entidades más fuertes están con modelos IRB–.
La principal consecuencia es que los activos van a entrar con un sobreprecio que impida el vaciado del mercado necesario, o a la velocidad deseada, para poner en marcha la economía.
Todavía no queremos admitir que de esta solo se sale perdiendo, y perdiendo mucho, para no perderlo todo.
Junto a este sobreprecio de los activos, hay que añadir otra duda sobre la viabilidad de nuestro banco malo, y es que el Sareb no tiene estructura real ni capacidad para crearla desde cero, ni probablemente voluntad política –podían haber cogido un banco nacionalizado y volcarle los activos tóxicos–, lo que obliga a subcontratar todos los servicios de gestión de activos, conduciendo a un sobrecoste que hay que sumar a unos activos demasiado sobrevalorados, dificultando de esta manera aún más el vaciado del mercado.
Como consecuencia de ambas dudas surge la tercera, sobre el horizonte temporal del vaciado de la cartera y, junto a esta, la cuarta, sobre la captación de nuevos recursos para el vehículo o los futuros vehículos que de este se deriven, siendo lo más razonable que ocurra el que finalmente se alargue el proceso de venta de los activos y con ello la salida de la recesión, al tiempo que, irremediablemente, sea el dinero público –que irá cumpliendo su calendario de pagos– el que finalmente rescate al sector financiero en España, con las consecuencias en términos de mayores ajustes –tanto de reducción de gasto público como de incremento de impuestos– que esto puede tener en las familias y empresas.
El 2012 se ha saldado con tres reformas del sector financiero fallidas y un banco malo que nace con dudas fuera y dentro. Por más voluntad que se ponga, las cifras no salen. Los números es lo que tienen.
Lorenzo Dávila
Jefe del Departamento de Investigación del IEB, Madrid, España
