La existencia de amplios y suficientes corredores viales trae beneficios incuantificables, en términos de desarrollo económico y bienestar social. Mejores comunicaciones terrestres facilitan el ascenso del comercio de bienes y permiten movilidad y libertad a la población en general.
Bajan el costo de los productos y multiplican las oportunidades laborales y de crecimiento personal. Pero, la construcción de una vía asfaltada de buenas especificaciones es costosa, unos 4.500 millones de pesos por km, para un carril de ida, uno de vuelta, y berma suficiente, y, evidentemente, el doble para una doble calzada, con dos carriles en cada dirección. Esto en plano seco. En montaña, con las obras adicionales que conlleva, el costo por km puede fácilmente triplicarse, y mucho más al incluir túneles y puentes.
La cuestión, entonces, es como financiar la ampliación del sistema vial. Gran parte de las carreteras se financiaban, y se financian, con el presupuesto nacional. Estos son recursos que provienen de los impuestos de todos los colombianos, esparcidos a lo largo y ancho del territorio. El Estado destina cuantiosos recursos directamente a la construcción y mantenimiento de vías. Recursos adicionales tendrían que disminuir la inversión en, por ejemplo, educación, salud y vivienda para los sectores poblacionales más frágiles. De cualquier forma, en la Colombia presente, con un visible atraso en infraestructura vial, la muy limitada disponibilidad en las finanzas públicas implica que sea indispensable tener mejores y más abundantes fuentes de financiación por parte de bancos privados nacionales e internacionales y grandes fondos de inversión.
Los peajes constituyen una piedra angular del programa 4G. Son un instrumento esencial para la obtención de financiación para la construcción y mantenimiento de las carreteras. Los peajes los pagan quienes, efectivamente, usan la vía, y esto los hace, en principio, justos y equitativos. Seguramente, se pueden hacer muchas consideraciones para hacerlos aún más equitativos. Se puede sofisticar el sistema de cobro, de manera que sea por km efectivamente recorrido dentro de la concesión. Se puede, también, cobrar peaje a las motos, las cuales curiosamente están exentas totalmente del pago y las cuales, por supuesto, se benefician de las carreteras de alta especificación y mantenimiento; así como de los servicios de ambulancia y grúa. Dado que en muchos peajes los motociclistas realizan hasta dos tercios de los pasos, si estos pagaran un importe equivalente a una tercera o cuarta parte de lo que se cobra a un automóvil, la tarifa para todas las demás categorías de vehículos podría reducirse significativamente, para obtener el mismo recaudo total, limitando así este inusitado subsidio. Esto se lograría modificando la Ley 787 de 2002.
Es de gran importancia que los legisladores nacionales y las administraciones locales apoyen la expansión de la infraestructura vial, en la cual los peajes son un componente vital. En el caso de las 4G, los contratos de concesión establecen con precisión la ubicación y categoría de los mismos. Enormes recursos de inversiones a largo plazo han sido movilizados con base en estos compromisos, los cuales dejan escaso margen de maniobra para su alteración.
Louis Kleyn
Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura