La agenda de temas económicos y sociales en los últimos meses ha estado cargada de muchos cambios simultáneos en diferentes direcciones, y con un clima sicológico mucho más negativo que lo que puede marcar objetivamente la realidad, particularmente en comparación con el entorno internacional.

Es fundamental que la sociedad civil pueda discutir e influir sobre actores públicos y privados de manera que la sensatez en el entorno político institucional y en algunos agentes sociales busque predominantemente el beneficio común de largo plazo.

Para poner en contexto estos comentarios, basta señalar algunos temas centrales entre los cuales pueden obtenerse logros significativos.

Ciertamente, los vaivenes de las negociaciones en La Habana producen desazón. Sin embargo, la persistencia en lograr el desarme del principal grupo armado puede producir muchos dividendos económicos y sociales a la sociedad colombiana. Posiblemente uno de los temas más complejos para el posconflicto es el de la revitalización del campo. La Misión Rural que organizó el gobierno tiene una serie de planteamientos claros sobre la estrategia a seguir, la cuantificación de los recursos requeridos y la nueva institucionalidad que es necesario reconstruir.

Sobre este tema se requiere la firmeza que el gobierno ha mostrado en esta última etapa, pero también la previsión de cómo se logrará la obtención de recursos necesarios y la puesta en marcha de una estrategia clara y persistente sobre el control y desarticulación de las bandas criminales que emergen envalentonados en medio de este conflicto.

El Banco de la República acaba de concluir un esfuerzo de recopilación de estudios de muchas universidades y centros de investigación sobre el desarrollo equitativo, competitivo y sostenible del sector agropecuario. En el libro, que será publicado, se evalúan de manera muy acertada las condiciones sociales y económicas de la población rural, se estiman las brechas tecnológicas, de productividad y eficiencia de la producción agropecuaria, el papel de las asociaciones de productores y la importancia de los contratos agroindustriales y la financiación del sector rural. De nuevo, estos estudios convergen con la Misión Rural en la importancia de asignar recursos diferentes a los subsidios directos que estén orientados a la producción de bienes públicos, tales como la infraestructura, la ciencia y tecnología y el acceso al crédito entre otros.

Ya es bien conocido que la agudeza del fenómeno de ‘El Niño’ y la fuerte reducción del precio del petróleo desde el 2014 han producido desequilibrios en la economía colombiana, que se han traducido en la reducción del crecimiento económico, un aumento importante en los niveles de inflación y una devaluación de la tasa de cambio, en ocasiones, por encima de niveles sostenibles.

La bonanza petrolera que se extinguió produjo un aterrizaje forzoso en los agentes económicos, que ilustró claramente que Colombia no es un país desarrollado de alto ingreso y que se requieren enormes esfuerzos para consolidar nuevamente la base productiva agrícola e industrial que debilitó sensiblemente la revaluación de la tasa de cambio. Sin embargo, algunos elementos iniciales que se vienen dando, podrían permitir un nuevo equilibrio con precios del petróleo de nivel medio.

La conclusión del fenómeno climático y la moderación en la tasa de cambio, que se esperaría para el segundo semestre del año, podría tener efectos sobre las expectativas de inflación, de manera que a partir del 2017 se pueda retornar a niveles razonables como los que se tenían hasta el año pasado.

Por otra parte, los desequilibrios del déficit fiscal y de cuenta corriente han tenido algunos pequeños avances, con alguna reducción en el gasto público por parte del Gobierno, el incremento de las tasas del Banco de la República, así como un ajuste de los consumidores colombianos tendiente a comprar menos bienes importados. No obstante, estos factores no son aún suficientes y los pocos logros obtenidos podrían ponerse en peligro con un costo más elevado de la deuda si Colombia pierde el grado de inversión como ocurrió en Brasil.

En este contexto, tanto la agenda política como la económica deben seguir cada una su propio camino y no hacer peligrar la una y la otra, sin la discusión y aprobación de una adecuada reforma tributaria que incluya el incremento del IVA como principal instrumento de recaudo. Esto se viene proponiendo desde Fedesarrollo con la Misión del Ingreso presentada antes de iniciarse el primer periodo del gobierno del presidente Uribe. Es fundamental el consenso económico y político sobre esta agenda, evitando el oportunismo político de algunos grupos.

Luis Alberto Zuleta J.
Consultor empresarial