Luis Alberto Zuleta J.
ANÁLISIS

La estrategia de privatizaciones

Lo importante es la voluntad y la claridad política del gobierno frente al Congreso y la sociedad civil para defender e impulsar su plan. 

Luis Alberto Zuleta J.
POR:
Luis Alberto Zuleta J.
julio 10 de 2019
2019-07-10 09:19 p.m.
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El Estado colombiano cuenta con tres instrumentos de gran importancia para la política fiscal: el marco fiscal de mediano plazo, basado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, la regla fiscal y las leyes de reforma tributaria.

La trayectoria fiscal de Colombia se ha caracterizado estructuralmente desde 1990 por tener una brecha negativa entre el ingreso fiscal y el gasto público que ha requerido financiamiento sistemáticamente a través de reformas tributarias, pero el Gobierno plantea en esta ocasión una estrategia diferente.

Recientemente el Ministerio de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2019, que es un importante documento que sirve de bitácora dentro de la política económica. Después de haber sido aprobada en diciembre de 2018 la Ley de Financiamiento, el Marco Fiscal expresa que no se requieren nuevos impuestos durante la vigencia de la actual administración de gobierno y que basará su estrategia en aprovechar el efecto sobre crecimiento económico y sobre recaudo que produce esta ley de financiamiento como resultado de la reducción de tarifas impositivas a las empresas (incrementando inversión y empleo) y aumento de tarifas a personas naturales de alto ingreso. También se propone una reducción del 1% del PIB en el gasto durante el periodo de gobierno y el fortalecimiento de ingresos por la vía de las privatizaciones, sobre lo cual se hace énfasis en este escrito.

El sentido principal de las privatizaciones consiste en que el Estado puede renunciar a la participación directa en el financiamiento de una actividad económica a fin a la distribución de “bienes púbicos” cuando ésta puede ser prestada de manera eficiente por el sector privado. Al mismo tiempo se alivia la presión sobre el requerimiento de ingresos por parte del Estado que pueden ser destinados a otras actividades. Para lograr este objetivo, es esencial el cambio de activos que se puede producir cuando el Estado enajena participaciones en empresas en unos sectores e invierte en otros, siempre y cuando el beneficio para la sociedad produzca mayor crecimiento y bienestar. En ningún caso destinar recursos de privatización al pago de gasto corriente produciría estos efectos.

El caso reciente más significativo es el del cambio que se hizo con la venta de Isagen para colocar los recursos en la capitalización de la Financiera de Desarrollo Nacional. Los activos de Isagen siguen prestando su función de manera eficiente en Colombia en manos del sector privado y los nuevos recursos han permitido impulsar proyectos de infraestructura vial requeridos en el país. La transición de Gobierno en este tema ha mostrado que se trata de una política de Estado cuando se ha avanzado en la solución de algunos de los problemas que han emergido en algunos de los proyectos específicos y cuando se avanza en el plan de infraestructura que el país requiere desarrollar en el mediano plazo.

Ahora bien, el Marco Fiscal prevé enajenar activos por un valor equivalente al 0,6% del PIB en el año 2019, el 0,8% en el año 2020 y una proporción decreciente hasta el año 2022.

El portafolio de empresas de la Nación se descompone por sectores de la siguiente manera: 64,3% en hidrocarburos, 18,1% en sector financiero, 12,8% en energía y 4,7% en los siguientes sectores: telecomunicaciones, agricultura, salud y transporte principalmente. El valor patrimonial contable de las empresas del sector eléctrico supera los 10 billones de pesos a precios del 2018. Las empresas de mayor valor contable son ISA y Ecopetrol.

La enajenación tiene por objetivo que el Gobierno pueda, según el Marco Fiscal, “reducir su propiedad en activos que le representan baja rentabilidad, para poder destinar esos ingresos a financiar inversión pública y gasto social. Estos ingresos provendrán de alguno de los múltiples activos en propiedad de la Nación, cuyo valor de mercado con corte al 31 de diciembre de 2018 ascienden a cerca del 12% del PIB. Los activos del Estado puntuales que serán vendidos como parte de estas operaciones serán dados a conocer a la opinión pública de forma oportuna”.

Con respecto a la proyección de ingresos por privatizaciones el Marco Fiscal afirma lo siguiente: “Por otra parte, respecto a los ingresos del Gobierno Nacional Central diferentes a los tributarios, el escenario fiscal contempla un plan de privatizaciones en el periodo 2019-2022, en el cual el valor de la venta de activos realizada se va reduciendo como porcentaje del PIB a partir de 2020.

Debido a esto, el valor de los otros ingresos asciende a 2,3% del PIB entre 2019 y 2021, y se desacelera gradualmente hasta 1,5% del PIB en 2023”.

Ahora bien, siendo bienvenida en el contexto descrito esta estrategia de privatizaciones es importante tener en cuenta la complejidad de estos procesos que requieren avalúos técnicos, autorizaciones, diseño de estrategia de venta y de asignación de recursos que toman normalmente muchos meses y hace difícil empezar a contar con los recursos desde la presente vigencia.

Lo importante es la voluntad y claridad política del gobierno frente al Congreso y la sociedad civil para defender e impulsar su plan y justificar un uso de los recursos en inversión en “bienes públicos”, afrontando las dificultades con la mayor celeridad posible.

Luis Alberto Zuleta J.
Consultor empresarial.
zuldezub@lzuletaj.com.co

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