En 1990, al iniciar la apertura económica, la participación del sector agropecuario en el PIB nacional era del 18 por ciento. Hoy es de 6,3 por ciento, pero esto no minimiza su importancia, pues hay ramos como el petrolero, que han entrado a dominar la situación, haciendo que lo agropecuario pierda importancia en el PIB global.
El sector agropecuario es, tal vez, el más complejo y heterogéneo de la economía colombiana: amplia y variada gama de cultivos y especies animales; bajo, también, una amplia variedad de sistemas de producción, los cuales demandan políticas específicas, a veces antagónicas. Entre estos hay de consumo nacional y exportables, pero el diario devenir de la economía hace que algunas veces se perjudiquen unos, mientras otros se benefician, y el gobierno tiene que dar soluciones.
También, existe una gran diversidad de productores, que muchas veces se simplifica en pequeños, medianos y grandes, pero sin tener en cuenta que las categorías no son tan tajantes, pues en todas hay desde pobres hasta ricos. Existe, sin embargo, un denominador común: todos desean que su actividad sea rentable.
Si a lo anterior se le agrega la institucionalidad agropecuaria y la no agropecuaria, que tiene que ver con el sector, así como los compromisos del proceso de paz, se complica aún más la situación. Lo complejo de esto puede llevar a las directivas del sector a engolosinarse con la problemática del día a día y no ver el sector en su conjunto. Un viejo adagio dice: ‘muchas veces por concentrarse en los árboles se pierde la visión del bosque’.
Todo ello reafirma lo complejo y variado que es el sector, el cual está a la expectativa de una política agropecuaria. Han pasado tres meses desde la posesión del presidente Duque, y hasta el momento el Ministro se ha concentrado en la situación coyuntural: ICA, café, aftosa, reforma tributaria (está mirando los árboles) y no ha planteado una visión para el periodo y menos los instrumentos para lograrlo.
El 2018, como dicen los apostadores, ya está jugado, pero viene el 2019 con un presupuesto para el sector con reducción de 13,3 por ciento con respecto a este año, pero que llega a cerca de 2,1 billones de pesos, de los cuales casi 1,5 billones es inversión. A pesar que el 51,4 por ciento de la inversión va a desarrollo rural y a restitución de tierras, queda suficiente para ser reorientado con una política.
Las promesas de campaña están latentes: protección a la propiedad (ya hay un proyecto en el Congreso), 50 por ciento presupuesto en bienes públicos, créditos que incentiven el aumento en productividad, tecnificación del Ministerio, promoción de cadenas de valor y mercados internacionales, articulación de la agroindustria y pequeño, 1,5 por ciento del PIB en investigación, desarrollo e innovación.
No se pretende formularle la política al Ministerio de Agricultura, pero sí es importante que tenga en cuenta, por lo menos: una política para la inversión y financiamiento, no solo con el simple crédito, sino, con innovadores instrumentos de financiamiento que estimule a los capitales citadinos entrar al campo; una política de comercialización para la competitividad que permita explorar, promover y entrar a nuevos mercados; la investigación y desarrollo tecnológico ha hecho grandes avances y tiene presupuesto propio, pero es necesaria su integración a los propósitos de una política.
Finalmente, el Ministro debe buscar consensos para la política, a pesar de la dificultad por la complejidad y heterogeneidad.