Luis Augusto Yepes
Análisis

El impuesto al carbono: tiempo de cambios

En diferentes planteamientos de política pública es clara la asociación entre el uso de combustibles fósiles, la calidad del aire y la salud pública.

Luis Augusto Yepes
POR:
Luis Augusto Yepes
diciembre 05 de 2018
2018-12-05 08:02 p.m.
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La Ley de Reforma Tributaria 1819 de diciembre de 2016 en el artículo 221, estableció el impuesto al carbono. A fin de cumplir con los objetivos propuestos en dicha norma y con el propósito de contar con un instrumento de política ambiental, es conveniente introducir en el proyecto de ley de financiamiento, actualmente en discusión, ajustes en el diseño y los valores de este impuesto. Veamos el planteamiento que sustenta esta recomendación.

Establecer el impuesto al carbono fue una decisión acertada y consecuente con la necesidad de desincentivar el uso de combustibles fósiles. Consultando la exposición de motivos que condujo a la aprobación de la Ley 1819, se encuentran planteamientos de fondo que justificaron dicha iniciativa. Por ejemplo, se dice que: “.,.a través de este impuesto correctivo, se busca enviar las señales a consumidores y firmas, sobre el menor costo social de otras fuentes de energía menos intensivas en la producción de carbono”.

“…además de generar emisiones de CO2, la quema de combustibles fósiles también genera contaminantes locales como los óxidos nitrosos y el material particulado afectando negativamente la calidad del aire de los centros urbanos”.

En la práctica, los valores aprobados del impuesto al carbono resultaron tímidos y no determinantes para lograr el objetivo de inducir un cambio de energías fósiles a energías limpias. En efecto, la Ley 1819, estableció un valor del impuesto al carbono de $15.000 por cada tonelada de CO2 emitido el cual, ajustado por las tasas de inflación de los años 2016 y 2017 + un punto porcentual por año, según lo establece dicha Ley, da un valor de $16.827 por tonelada de CO2 a octubre de 2018 lo que equivale a 4,7 euros. La OECD en un documento titulado Effective Carbon Rates 2018, propone dos precios de referencia para la tonelada de CO2: 30 euros por ton como nivel bajo al 2020 y 60 euros como una proyección de dicho costo al 2030. En Colombia el valor de la tonelada de CO2 es el 16% del valor mínimo propuesto por la OECD, aunque dicha Organización señala que es frecuente encontrar brechas amplias entre los precios de la tonelada de CO2 y el costo real de las emisiones aún por encima de lo que se observa a nivel local.

Cabe señalar que en la estructura de precios de los combustibles los valores del impuesto al carbono en $/galón, tomando como ejemplo el diésel, es de $142 en octubre de 2018 lo que representa menos del 3% del ingreso al productor y aproximadamente 1,6% del precio final del diésel o ACPM en Bogotá. Incluyendo los demás impuestos aplicables al diésel se llegaría al 20% del precio de referencia anterior. Con estos números del impuesto al carbono no se tienen los incentivos que induzcan la migración de combustibles fósiles a energías limpias en las fuentes móviles, es decir vehículos de transporte y en los procesos de producción industrial.

Por lo anterior es conveniente poner sobre la mesa de discusión de la ley de financiamiento ajustes importantes en el impuesto al carbono haciéndolo extensivo al carbón como combustible el cual quedó exento en la reforma del 2016. Además de la destinación específica contemplada en el artículo 223 de la Ley 1819 de 2016, los recursos generados por la aplicación del impuesto podrían destinarse a: programas de reforestación especialmente en zonas donde las actividades ilegales han arrasado con los bosques nativos, proyectos para mejorar la calidad ambiental de las ciudades e incentivar el uso de vehículos con tecnologías limpias y subsidiar el cambio de leña por Gas Propano en las zonas rurales de Colombia y en la periferia de las grandes ciudades a fin de cambiar las costumbres ancestrales del uso de leña para cocción de alimentos por energías limpias.

El objetivo es no solo controlar las emisiones de gases de efecto invernadero sino aún más importante para Colombia, migrar hacia energías más limpias en el transporte público y privado lo que permitirá mejorar la calidad del aire urbano que hoy en día nos afecta a todos los habitantes de las grandes ciudades siendo los casos de Bogotá y Medellín los más significativos como lo señala el documento Conpes sobre Calidad del Aire publicado a finales del anterior gobierno. En diferentes planteamientos de política pública es clara la asociación entre el uso de combustibles fósiles en fuentes móviles y fijas y la problemática de la calidad del aire y salud pública. Según el documento Conpes 3943 de julio de 2018, los costos sociales por contaminación del aire urbano - muertes, atención de las enfermedades por el sistema de salud y restricciones de actividades - representan el 1,5% del PIB del año 2015.

Inducir el cambio de combustibles fósiles a energías limpias, traerá mejor calidad del aire urbano y requiere una política integral que de las señales de precios para incentivar esa transición. Hacer ajustes en la cobertura y los valores del impuesto al carbono es una medida de difícil venta al público pero el paso adecuado en esa dirección.

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