Los últimos acontecimientos relacionados con expropiaciones acaecidos en Bolivia y Argentina, la incertidumbre en Venezuela, el auge del petróleo y el sector minero en general, la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos y los problemas de infraestructura en el país, claman por un proceso de relocalización industrial en Colombia y un aprovechamiento más eficiente de los terrenos cercanos a las costas.
Las tierras próximas a los puertos en el Atlántico y el Pacífico podrían aprovecharse para ello y, de paso, ayudar a reducir la pobreza de muchos de sus habitantes, sin necesidad de recurrir a programas esencialmente asistencialistas y con efectos de corto plazo.
Recientemente, se ha publicado que la inversión externa en nuestro país sobrepasó los 14 mil millones de dólares y, seguramente, podrían aprovecharse para jalonar el desarrollo hacia esas zonas.
Los pronósticos más conservadores indican que ese nivel de inversión se mantendrá creciente.
Ya se han iniciado grandes proyectos de construcción en Cartagena y Barranquilla, pero la tarea aún está pendiente en Buenaventura, Santa Marta y Tumaco. Precisamente, en aquellas zonas donde el valor de la tierra aún es bajo y las necesidades son más apremiantes.
Si bien es cierto que los grandes centros de consumo están en el interior del país, la competitividad de las industrias y algunos subsectores del agro no se puede sostener con manejos cambiarios ni subsidios.
Las necesidades de infraestructura en carreteras no serán visibles en al menos cinco años, si se configuran de manera adecuada las licitaciones y concesiones viales, y no se continúa con el modelo vigente.
La relocalización de industrias -principalmente las que han adquirido una vocación exportadora- hacia las zonas mencionadas, unida a programas de inversión en capital humano, ayudarían a reducir la pobreza e inequidad cuando empiecen a materializarse iniciativas como la política de vivienda propuesta para los más pobres y la restitución de tierras.
Es difícil imaginar éxitos en equidad sin tener en cuenta eso, porque esta población requiere un verdadero impulso para salir del círculo de pobreza.
No obstante, los criterios de repartición de las regalías generan alguna desconfianza por la evidente carencia de gestión y accountability local. No es poco lo que está en juego, porque el TLC es un reto que se puede convertir en amenaza si no se recupera el tiempo perdido en la última década.
El crecimiento económico de los últimos años y los problemas de la coyuntura internacional han atraído la inversión externa, pero la capacidad de transformarlo en mayores niveles de calidad de vida es una tarea aún pendiente.
Las políticas contra la pobreza, como Familias en Acción, han ayudado en el día a día, pero no hay evidencia fuerte de su capacidad de generar movilidad social para los más necesitados y, por el contrario, pueden producir incentivos perversos hacia la participación laboral.
Los recursos destinados para ciencia y tecnología serán los encargados de la combustión del modelo si se aprovecha la teoría de ‘sinergias regionales’. No obstante, se generan muchas dudas al respecto. El tiempo lo dirá.
Luis Fernando Gamboa Ph.D Universidad del Rosario