El 2013 fue amargo para Venezuela, a pesar del alto precio del petróleo (alrededor de 100 dólares el barril). El país tuvo la mayor inflación del mundo (56%), derivada de la financiación monetaria de la actividad económica y de los déficits fiscales –superiores al 15%–, a consecuencia de un gasto desmedido y de una política de precios públicos altamente subvencionados. La economía decreció 0,3%, en términos per cápita. El cambio del dólar en el mercado paralelo es 12 veces el oficial. El país tiene reservas negativas y ni siquiera puede saldar la deuda con las compañías áreas extranjeras por los pasajes vendidos en bolívares. El índice oficial de escasez (que indica la proporción de productos básicos inexistentes en el mercado) está próximo al 25%, y el desabastecimiento se extiende a casi todas las mercancías e insumos de una economía en la que, prácticamente, han desaparecido el ahorro y la producción nacional.
Desde el 2009, un grupo creciente de economistas venezolanos han dado a conocer sus puntos de vista sobre las causas de esta situación y la forma de resolverlos (www.pensarenvenezuela.org.ve) En su opinión, esta crisis no obedece exclusivamente a políticas económicas desacertadas, sino a una conducción gubernamental sin respeto a límites legales en el área económica-financiera y a una concepción ideológica radical, que justifica los ideales revolucionarios por encima de cualquier otra consideración propia de una democracia abierta al escrutinio público. Se trata de una crisis económica causada por el deterioro del banco central de Venezuela y de otras instituciones que perdieron su razón de ser, como el Fondo de Estabilización Macroeconómica. Igualmente, por la pérdida de la eficacia productiva y del potencial de producción en casi todos los sectores de la economía, que, agravada por las restricciones al acceso oportuno de divisas, ha impedido un normal abastecimiento con base en la producción nacional.
En lugar de cambiar el rumbo, la voluntad de radicalización se está profundizando al iniciarse el 2014. El presidente Nicolás Maduro, con la idea de “librar la batalla decisiva por el socialismo”, promulgó una severa ‘ley de costos, ganancias moderadas y precios justos’, que establece un límite de beneficios a las empresas del 30%, y presentó las líneas generales de una devaluación encubierta del bolívar, que restringe el cambio oficial (6,3 bolívares por dólar) a determinadas importaciones prioritarias y relega al resto de las transacciones a otra tasa fluctuante de alrededor de 11,3 bolívares por dólar. La gestión centralizada del proceso se asigna a un Centro de Comercio Exterior encargado de priorizar el acceso a recursos, a cambio preferente, así como de seleccionar a los partícipes en las transacciones.
Tras los anuncios de estas medidas, el bolívar continuó devaluándose y la deuda reaccionó a la baja. La población y los agentes económicos no confían en la capacidad del Gobierno de gestionar el deterioro de la situación y la grave crisis económica se ha convertido en una profunda crisis política, reflejada en las masivas manifestaciones de descontento que se han realizado por estos días en todo el pías vecino.
La paciencia tiene sus límites. Como lo sostiene el grupo de economistas anteriormente mencionado, cualquier futura estrategia de rectificación y recuperación económica de Venezuela deberá concentrarse en atender la causa de los desequilibrios y reconocer que el descontento y las protestas son consecuencia de esas políticas erradas.
Manuel José Cárdenas
Consultor internacional