El conflicto en Ucrania ha acentuado la tendencia observada desde hace varios años hacia una importancia creciente de consideraciones geopolíticas en el ámbito del comercio y las cadenas mundiales de suministro.
En efecto, en Europa y los Estados Unidos cada vez son más frecuentes las estrategias de relocalización (reshoring), deslocalización cercana (nearshoring), combinación de localizaciones interna y en diferentes países (multi-shoring) y localización en países considerados ‘amigos’ (friend-shoring). Asimismo, en 2021, los Estados Unidos y la Unión Europea pusieron en marcha una serie de iniciativas de política industrial orientadas a aumentar su autonomía productiva en industrias estratégicas como los semiconductores, baterías eléctricas, minerales y los medicamentos (Cepal, 2021).
En EE. UU., estas iniciativas ya se han traducido en la entrada en vigor, en agosto de 2022, de nuevas leyes que establecen importantes incentivos a la producción local de microprocesadores y vehículos eléctricos, entre otros productos.
Una muestra de los crecientes vínculos entre el comercio, la IED y la geopolítica es la crisis que atraviesa desde hace varios años la OMC, tanto en lo referente a la creación de nuevas reglas comerciales como a la solución de diferencias entre sus miembros.
Esta situación ha dado lugar a un proceso amplio de reforma de la institución con miras a adecuarla a los actuales desafíos del comercio mundial. En este contexto, la 12ª. Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en junio de 2022, solo alcanzó resultados modestos y demostró desacuerdos importantes entre sus actores más influyentes, que se evidenciarán en los debates que se adelantan sobre la reforma de la institución.
En la medida en que estas diferencias impidan generar nuevas reglas sobre temas como comercio electrónico, empresas estatales y vínculos entre el comercio y el cambio climático, es probable que los intercambios terminarán rigiéndose cada vez más por las normas establecidas en los denominados acuerdos megarregionales. Entre estos, se destacan la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) en Asia Oriental y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC); y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). Estos acuerdos tienen un elevado peso económico y demográfico y, algunos contienen disposiciones que hasta ahora no han sido regulados por la OMC.
Esta creciente regionalización de las cadenas de suministro y de su gobernanza plantea el riesgo de una fragmentación normativa del comercio mundial. Es especialmente arriesgada para América Latina y el Caribe, ya que, a diferencia de otras regiones, no ha logrado generar un espacio regional altamente integrado que le permita reducir su exposición a los cambios en las políticas comerciales e industriales de sus principales socios.
Manuel José Cárdenas
Consultor internacional
