El pasado 15 de septiembre, conjuntamente con la celebración de los 60 años del DNP, el presidente Iván Duque presentó las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el cual constituye un pacto por Colombia, basado en la ecuación: legalidad+ emprendimiento = equidad.
Tiene como aspectos novedosos, con relación a planes de desarrollo anteriores, que vincula las metas nacionales con las regionales e internacionales. A través de las primeras busca impulsar ocho agendas regionales, con proyectos priorizados en talleres regionales y departamentales por el DNP en todo el país. Mediante las segundas, contempla estrategias para a avanzar en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y está en concordancia con las buenas prácticas de la Ocde. De esta forma, busca dar una visión multidimensional a los esfuerzos de desarrollo del país.
Como la relación legalidad, emprendimiento, equidad no se trata de una ecuación matemática que permita medir los resultados, sino una ecuación de bienestar, estos últimos dependerán de los objetivos y las estrategias que se diseñen y de la forma como se ejecuten. Al respecto hay que tener en cuenta que el Plan tiene 17 objetivos con los que se busca cumplir 169 metas, las cuales se dividen en cinco grupos. Aunque las bases están bien diseñadas, sería conveniente que se estableciera prioridades entre las diferentes metas, porque cuando todo parece prioridad, nada en realidad lo es.
Igualmente, sería importante que se precisara cómo se piensa coordinar los objetivos verticales fundados en la legalidad, el emprendimiento y la equidad con las bases transversales del Plan (ambiente, ciencia, tecnología e innovación, transformación digital, etc.), tanto más cuando su manejo está a cargo de distintas entidades. Es el caso del pacto por el emprendimiento y la productividad, ya que los temas verticales quedan bajo algunos ministerios sectoriales (Comercio, Industria y Turismo; Agricultura y Desarrollo Rural, y Minas y Energía); en cambio, los temas transversales quedan en manos de otras entidades: ciencia, tecnología e innovación (Colciencias), transformación digital (Ministerio TIC).
Con lo anterior, parecería que los temas de la economía tradicional quedaron en manos de unos ministerios y los de la economía digital en otros, situación que no es muy conveniente. Esta no es una cuestión de poca monta y requiere un mecanismo de coordinación institucional adecuado. Quizás, para subsanar, parcialmente, el vacío anterior, en el Objetivo 1, de la Línea 1, sobre transformación empresarial, se estableció la siguiente estrategia: “Consolidar el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI) como instancia supraministerial para coordinar políticas y acciones”. Lo que se conocía era que se iba a ampliar este comité a los ministerios de Salud y Educación, pero no queda claro que se pretenda convertir al comité en una instancia supraministerial.
Primero, hay que anotar que esa instancia ‘supaministerial’ no existe en el sistema de la administración pública en Colombia (Decreto 489 de 1998). Segundo, si fuera posible hacer esta reforma, la competencia supraministerial habría que dársela a la Comisión Nacional del Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Información y no a su comité ejecutivo. Valdría la pena estudiar más esta reforma.
