El debate que se ha desarrollado desde el fracaso en las urnas del proceso constituyente chileno de 2019-2022 (el segundo sucesivo, si considera también el realizado bajo el último gobierno de la ex presidenta, Michelle Bachelet) se explica por el gran temor de las clases dirigentes a repetir la experiencia de la ‘hoja en blanco’ del proceso fallido anterior.
Esta situación ha llevado a que el nuevo Consejo Constitucional tenga dos talanqueras para el desarrollo de sus trabajos. De una parte, se establecen ‘bases’ que limitan desde el primer momento los contenidos y procedimientos a seguir. De otra, se crea un Comité de Expertos, de 24 miembros, para velar por el cumplimiento de estas bases.
Las 12 bases o bordes que se acordaron si bien es cierto no son originales, ya que son contenidos valiosos desde la perspectiva del constitucionalismo liberal, democrático y social de más de dos siglos y se parecen mucho a los que rigen en la Constitución colombiana, tienen el valor de ser un preacuerdo de los sectores representados en el Congreso, que permite un mayor apoyo al proceso constituyente y a una nueva Constitución, en que haya menos tensiones y resistencias a los cambios que se propongan. De todas maneras, son líneas base bastante generales que admiten amplias deliberaciones, conversaciones y reformas respecto a las que hay en la actualidad.
El Comité de Expertos tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo.
Este anteproyecto se presentará a la aprobación del Consejo Constitucional, compuesto por 50 convencionales. Se ignora si el Comité actuará de oficio, si sus decisiones serán o no vinculantes y si será un órgano que acompañe y dé sus opiniones sobre las normas. Por esto es muy importante demarcar muy detalladamente sus reales funciones, para poder establecer de forma clara y concreta su margen de acción.
Lo anterior muestra una paradoja en la que es necesario llamar la atención. Si bien están claras las bases de fondo para la reforma no lo están los contenidos de forma de la misma.
Por ello, estos primeros acuerdos, aunque son un avance, deben ir de la mano de una estructura y forma de funcionamiento más detallada, para que realmente sean efectivos de cara al proceso constitucional que se deberá iniciar en los próximos meses.
De todas maneras, si bien estas reformas mejoran el marco institucional no serán suficientes para resolver la profunda crisis económica y social que atraviesa Chile.
MANUEL JOSÉ CÁRDENAS
Consultor internacional.
