Hace 40 años, Turbay Ayala, bajo la sombra de acusaciones de narcotráfico, cedió a la presión estadounidense de experimentar con una serie de productos químicos para supuestamente eliminar 25,000 has de marihuana. Hoy vemos en qué quedó eso: los Estados Unidos el mayor productor y legalizando anda.
El gobierno de Turbay Ayala, del Estatuto de Seguridad, es asimismo el que nos legó el actual marco de drogas promulgado bajo Estado de Excepción. Este aún rige y en un contexto gubernamental cada vez más parecido.
La “tipificación de excepciones” por razones de drogas ha construido el imaginario nacional; enmarcado la cotidianidad; ha sido permisiva de violaciones mil y ha erguido barreras morales al ambientalismo colombiano.
Lo que ha permitido compaginar leyes de drogas con la vida real colombiana ha sido la jurisprudencia de las cortes con sentencias que se compadecen con la cotidianidad.
“La Corte Constitucional tiene la función de verificar que las leyes adoptadas por la mayoría respeten los derechos del resto de los ciudadanos. En ese sentido, sus decisiones son definitivas”. [Bernadita Pérez] Las sentencias de las cortes no se modulan, son la modulación.
La Corte Constitucional ha intervenido, justamente, porque las fumigaciones son una zona gris. No hay medida más opaca que la de las aspersiones aéreas estatales colombianas. Aunque el uso del glifosato se oficializa en 1984, ningún gobierno colombiano ha fumigado con solo glifosato. No es comparable su modalidad de utilización con el uso de glifosato en la agricultura tradicional. No hay estudios científicos sobre, ni que apliquen a este experimento químico sin paralelo en el mundo.
Sin esa certeza científica absoluta y en caso de riesgos, rige el principio de precaución. Sin escudarse, el gobierno tiene la obligación de hacer pública: la formulación con la que nos fumigan; concentraciones y número de pasadas por hectárea; los municipios fumigados y a fumigar; los planes de manejo ambiental acordes con la diversidad de las regiones; los informes de seguimiento epidemiológico; los resultados -no de las hectáreas fumigadas- sino de las erradicados con esta medida.
Fumigar no es erradicar. No tener clara esta diferencia es parte del imaginario inculcado. Parece eludir al sentido común el hecho que, si en 1984 había 16.000 has [ONDCP]y hoy, 35 años después y tras fumigar millones de hectáreas con glifosato potenciado, se habla de más de 200.000 has ¿será gracias a este herbicida que usan cultivadores y Estado por igual? Los cultivadores para aumentar su productividad y los gobiernos como política.
Las mediciones oficiales recientes aducen que el aumento astronómico de la coca y la producción de cocaína se da a raíz de la desmovilización de las Farc. Pretendiendo desconocer estos 40 años de experiencia infructuosa (su origen y trayectoria), estas cifras se usan para desacatar las sentencias de las cortes en un antojo autoritario y más del sofisma de distracción que dio a luz las excepciones de drogas.
Lo que dicen la historia y las cifras es que las fumigaciones son tal vez el mayor gol que le ha metido el narcotráfico a Colombia.
María Mercedes Moreno
@MamaCoca
