La información que se tiene es que el Gobierno hoy nos fumiga con un stock que tenía de glifosato Cúspide 480SL® de la empresa china Talanu. Ahora se pretende cambiar dicha sustancia nociva por otra peor, como lo señala el hecho de que la agencia de seguridad sanitaria francesa haya ordenado, por ser un químico potencialmente reprotóxico, retirar la autorización para comercializar del mercado de todos los productos fitofarmacéuticos a base de glufosinato.
Claro, cambiar este glifosato chino por el glufosinato permitiría ala empresa fabricante recuperar un mercado único en el mundo: el de las fumigaciones estatales a gran escala. En los demás países, los cultivos a uso ilícito van y vienen al ritmo de los mercados. En Colombia, al perjuicio que ocasionan estos cultivos a la economía se suma el gran negocio, gasto, corrupción y daño que ocasiona el Estado con sus fumigaciones.
Soterradamente, pretenden violar las sentencias de la Corte Constitucional cambiando de molécula y buscando fórmulas para negar que los drones son vehículos aéreos. Esta fórmula ‘doselar’ (palabra y concepto a definir) para engañar la ley no quita que son aspersiones aéreas (con drones, vehículo no tripulados, pero sí aéreos). No quita que las aspersiones de químicos son un daño sanitario y ambiental intencional por parte del Estado contra poblaciones inermes y derechos de la naturaleza protegidos por jurisprudencia de la Corte.
Su ‘doselaridad’ no quita la obligación de efectuar estudios y un plan de manejo ambiental previos sobre aspersión aérea y aplicar el principio de precaución al probar anticipadamente la ausencia de riesgos. Un estudio del 2001 de Amigos de la Tierra, señala que, entre otros riesgos y daños, el glufosinato es tóxico para los microorganismos benéficos en los suelos, constituye una amenaza para las comunidades de plantas silvestres y es dañino para ciertos organismos acuáticos.
Ni la ilegitimidad de la medida, ni las multimillonarias demandas por daños a cultivos de pan coger aledaños y a aguas por escurrimiento ‘doselar’, ni el rechazo masivo que suscitan las fumigaciones, van a desaparecer porque cambien de molécula. Tampoco por mucho fumigar con glufosinato van a desvanecerse los cientos de hectáreas de coca para cocaína, pues su existencia es un asunto de mercado.
De tal forma, atacar al consumidor quitando servicios de energía y gasolina a ciertas regiones (como propone el fiscal Martínez), invirtiendo en fumigaciones en lugar de programas de sustitución que generan ingresos y consumo legales, son propuestas hechas (e implementadas) a la ligera que pueden, justamente, acabar estimulando la expansión de los mercados de coca.
Esto de pretender desconocer la economía de la coca no quita que el gobierno Duque tiene la obligación de evaluar científica y previamente el glufosinato, hacer públicos los resultados de sus evaluaciones, encomendar estudios independientes sobre los impactos propios del glufosinato en ambientes tropicales y someter su plan de manejo ambiental ‘doselar’ para aspersiones aéreas específicamente con drones.Y no quita que el que daña sigue siendo el Estado.
María Mercedes Moreno
Coordinadora Colectivo MamaCoca
@MamaCoca / mamacoca@mamacoca.org
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