En Colombia la imperiosa necesidad de erradicar la coca sigue siendo uno de los principales cuellos de botella a la implementación de los acuerdos de La Habana. Si bien el Gobierno de Juan Manual Santos tuvo la valentía de poner fin en el 2015 a más de tres décadas de aspersiones aéreas, el retorno a las aspersiones terrestres, con las que se inició en 1978 este proceso de autoflagelación estatal, es revelador de una profunda inconsecuencia ambiental.
La sumatoria de daños ocasionados al país en relación con la coca es violenta: el uso de aproximadamente unos 27 diferentes agroquímicos en el cultivo de coca para cocaína; el uso (y reciclaje) de un sinfín de precursores químicos en el procesamiento de la hoja; el uso por parte del Estado de glifosato terrestre (a razón de 10,4 litros/ha en comparación con 3 litros/ha en la agricultura legal) y, finalmente, la imperdonable quema de laboratorios y canecas plásticas con químicos en plena selva. Sin mencionar los laboratorios de sustancias de corte como el levamisole, montadas por los narcos y cuyas repercusiones ambientales (además de las sanitarias) aún no han sido ni remotamente estimadas.
En esta guerra de las cifras de ‘drogas’, la que siempre sale perdiendo es la naturaleza. Se intenta defender la amapola aunque no sea nativa y a pesar de los daños que ocasiona a los páramos. Los cultivadores protestan con razón contra la erradicación forzada, pero no hallan fórmulas para la sustitución ambiental de sus cultivos; así sea de coca con miras a su uso sano, destino ineludible de esta planta.
El lobby del glifosato (y quienes no ven más allá de los daños que ocasiona la coca de guerra) no abandonan el sueño de ver nuevamente al país inundado desde los cielos por su(s) agrotóxicos(s). El Estado, con total irresponsabilidad, sigue quemando químicos en plena selva mientras lamenta la deforestación a causa de la expansión de los cultivos.
En este ambiente tóxico vienen las elecciones, por las que pueden llegar al poder candidatos que no saben, no responden o, lo que es peor, buscan su electorado entre aquellos que no ven la muerte segura de sus vacas y agroindustrias si, en esta era de exportaciones bio, vuelven las fumigaciones a Colombia.
Seamos consecuentes: el uso intensivo de agroquímicos, sea por vía área o terrestre, es lo más contraproducente que puede haber en la actual era ecológica, no solo porque el mayor legado de Colombia es su riqueza natural, sino porque las exportaciones agrícolas de un país remojado en glifosato y otras moléculas ya pronto dejarán de ser bienvenidas.
El primer paso forzoso que tiene que dar Colombia para defender lo que tanto valora la comunidad internacional, y ella de sí misma –su biodiversidad y aguas– es desfasar gradualmente el uso de agroquímicos y empezar a reemplazarlos con el fomento de industrias que fabriquen insumos agrícolas orgánicos. Debe rápidamente buscar fórmulas de eliminación de la coca excedentaria y de los laboratorios que sean amigables con el medioambiente. No hay de otra.
