El Congreso elegido el 11 de marzo, tendrá una responsabilidad histórica para Colombia. En sus manos estará continuar por la vía de la mermelada y el desprestigio, o recuperar la imagen de nuestras instituciones democráticas: el Congreso, los partidos, la respetabilidad de la justicia. Si bien la renovación del Congreso no es muy grande, sí llegan a este figuras jóvenes que podrán sentar posiciones sólidas y refrescar el manejo y las rutinas tan criticadas en nuestro Poder Legislativo.
Este ambiente de debilitamiento de las instituciones y búsqueda de gobiernos autoritarios, o amenazas de cambios desestabilizadores no se presenta solo en Colombia, en muchos países los ciudadanos están hartos de la corrupción. Corresponde al Congreso elegido trabajar con el nuevo gobierno para fortalecer la escena democrática, exigir el respeto a su independencia, sin injerencia indebida de las otras ramas del poder, especialmente del Ejecutivo, a través de negociaciones turbias.
El desarrollo de los acuerdos en La Habana es uno de los asuntos gordos del nuevo Congreso, ya que el tiempo que le queda al actual y la pérdida de las mayorías del gobierno que finaliza, con altísimos índices de desaprobación, no garantizan avances significativos en la presente legislatura. Aquí tiene este Congreso una oportunidad inmensa para hacer una tarea seria y responsable que logre enderezar el camino hacia la reconciliación del país, y conducir a una verdadera paz, no la tan proclamada, llena de odios, deseos de venganza y grupos ilegales. No se trata de hacer trizas los acuerdos en La Habana, pero sí corregir los temas que conduzcan a la impunidad total, y los que han incentivado la producción de coca en cantidades superiores a las 200 mil hectáreas. Igualmente, adaptarlos a nuestra Constitución y al respeto por la independencia de poderes, haciendo los ajustes que no se realizaron cuando el plebiscito falló en contra de los términos del acuerdo, no en contra de la paz.
En el aspecto de tierras, el Congreso tiene amplio espacio para desarrollar políticas que se ajusten a lo acordado, buscando la formalización del campo, la productividad de los campesinos y las empresas agrícolas, de forma que logremos mejorar la competitividad del país. El nuevo gobierno, conjuntamente con el Congreso, deberá buscar el equilibrio entre la justicia social, los incentivos a la producción y el florecimiento de la actividad empresarial agrícola. En un país donde la mayoría de la población es propietaria de una parcela o una vivienda, habrá un ejército de personas que defiendan el derecho a la propiedad privada y sus beneficios.
El estudio concienzudo del tema presupuestal, que restablezca el equilibrio fiscal, mediante la reducción de gastos desproporcionados en obras inconclusas no prioritarias, en publicidad gubernamental, en cargos para pagar favores, en viajes no indispensables –hoy la tecnología permite realizar muchas tareas por sistemas no presenciales–, es otro frente importante.
Además, el Congreso y sus nuevos miembros deberán ocuparse de otros asuntos como educación, pensiones, justicia, corrupción, incentivos a la innovación y al desarrollo tecnológico para mejorar nuestra competitividad, los cuales deberán ser liderados por el gobierno con visión compartida y metas comunes entre el Ejecutivo y el Legislativo.
De todo esto dependerá, en gran parte, el futuro de Colombia en el 2022, si no queremos que los principios rectores de nuestra democracia e institucionalidad se vean arrasados por aventuras populistas y personalistas, como la que horrendamente padecen nuestros vecinos.