Portafolio publicó recientemente los datos de la encuesta Gallup sobre la percepción de la corrupción en Colombia, los cuales son alarmantes y desesperanzadores. Según dicho estudio, el 85 por ciento de los colombianos cree que la corrupción en el país ha aumentado, y muestra también cómo desde finales del 2008 vienen deteriorándose sostenidamente las cifras a este respecto, partiendo de niveles inferiores al 40 por ciento, y mostrando un crecimiento constante de este porcentaje hasta llegar a la cifra actual.
Pero el drama no termina ahí, dicha percepción es validada por otros rankings que colocan a Colombia en posiciones negativas frente a los empresarios, y por los indicadores de Transparencia Internacional que muestran cómo el país ha descendido 15 posiciones para llegar a ocupar el puesto 83 de 167 países.
Por su parte, el Procurador General de la Nación ha señalado que la corrupción le cuesta a nuestro país 20 billones de pesos anuales de los presupuestos oficiales, sin contar el impacto en el sector privado.
Los escándalos que semana a semana se conocen prenden todas las alarmas, provocan que estudiosos, líderes, empresarios, gobierno e instituciones de control se rasguen las vestiduras.
Los más recientes están relacionados con la salud, como el cartel de la hemofilia y la malversación de fondos destinados al tratamiento de niños con autismo y Síndrome de Down, y no podemos olvidar tampoco el magno escándalo de Saludcoop. Este sector atraviesa una profunda crisis, la cual, seguramente, estaría controlada si no hiciera agua el sistema por todos los costados, debido a la corrupción que se apoderó del mismo.
¿Será que nunca podremos salir de este horroroso pantano? Con alguna periodicidad se expiden normas, se crean instituciones, o programas dirigidos a la lucha contra la corrupción, pero los fracasos son estruendosos.
Empecemos por la Constitución del 91, tan celebrada en estos días, y uno de cuyos objetivos fue luchar contra la corrupción y buscar transparencia en el ejercicio de la política.
La política no solo no fue más transparente, sino que empeoró sustancialmente con la contaminación aberrante de narcos, paramilitares, grupos guerrilleros, y toda clase de intereses particulares financiando la misma. Esto agravado por la creación de las micro o macro empresas electorales en que se convirtieron las campañas políticas, con el surgimiento de candidaturas y movimientos unipersonales con intereses económicos, relegando los partidos a validadores de avales y candidatos, y desapareciendo la ideología, los principios, los valores y los programas. Esta no fue la apertura esperada y planteada como enmienda a lo que se consideraba propiciado por la Constitución del 86 señalada de excluyente, el bipartidismo, a pesar de que durante su vigencia se crearon muchos partidos y movimientos políticos.
La elección popular de alcaldes y gobernadores tampoco contribuyó a dar mayor claridad a las administraciones y a la política regional y local, ya que en muchas regiones los grupos irregulares se apoderaron de los procesos políticos, y con dineros oscuros y violencia cayeron sobre los cargos públicos para hacer un botín de los recursos departamentales y municipales, de las regalía y de los distintos programas e inversiones.
Quizás no teníamos la suficiente madurez política para este paso, quizá las instituciones no tenían la suficiente fortaleza, pero la realidad desbordó cualquier riesgo que se hubiera esperado.
La justicia politizada y contaminada tampoco ha contribuido a luchar contra este flagelo, ya que la justicia efectiva y pronta es la primera herramienta para ganar esta batalla.
María Sol Navia
Exministra de Trabajo.
