La situación del país es sumamente delicada y la coyuntura actual se agrava cada día con la duración y los picos del Covid 19.
Esta pandemia ha agudizado una situación de pobreza, que venía en proceso de mejora, pero sus efectos han llevado a un retroceso. Por tanto, el escenario social es angustiante y requiere toda la atención del estado, incluyendo el congreso, y de la clase empresarial.
El problema fiscal es no menos acuciante, por la demanda de recursos que ha exigido la atención de la crisis de salud y el apoyo a las personas en situación de pobreza grave.
Dentro de este contexto el gobierno presentó una dura reforma tributaria, en gran parte asesorado por el equipo de técnicos que contrató para estudiar el sistema vigente, y por instituciones como Fedesarrollo y Anif. Es posible que no se haya ceñido a todo, pero lo que hemos oído de estas organizaciones es que están de acuerdo con la mayoría de los planteamientos.
Sin embargo, la reacción general, no solo de los políticos, sino de la ciudadanía y la mayoría de los gremios, ha sido fuertemente negativa, y es que seguramente estos economistas e investigadores se concentraron en buscar unos planteamientos técnicos, pero no analizaron a fondo las circunstancias de quienes estaban saliendo muy afectados.
Proponer impuestos a salarios de dos millones y medio de pesos e incluso hasta algunos niveles arriba de eso, es realmente un despropósito, parecen no saber las necesidades que afronta una familia, sus gastos básicos en arriendos, servicios, educación alimentación etc.
Igual ocurre con las pensiones, impuestos a personas que ya no pueden conseguir otros ingresos y cuyos gastos en salud crecen progresivamente con la edad. Si a esto se suma los incrementos en IVA en muchos artículos, realmente las condiciones de vida de todas estas personas van a tener una desmejora sustancial.
Es claro que se necesitan recursos y el programa social es un imperativo ético, político y de solidaridad, pero el camino es gravar a los ingresos muy altos que sí existen y no sacrificar tan duramente a grupos de la sociedad que apenas logran mantener una vida digna.
Dicho esto, y reconociendo la necesidad de sacar adelante un proyecto consensuado hay que pedir el liderazgo del gobierno y la responsabilidad del congreso y los partidos políticos, para buscar acuerdos que lleven al “todo ponen” según sus capacidades y no a números arbitrarios que señalan posibilidades que no existen en los niveles donde se pretende empezar.
Es una obligación para el congreso el estudio del proyecto presentado y las consultas necesarias para oír la comunidad, pero no decidir, por capricho u oportunismo electoral, que ni siquiera estudian la propuesta.
La política es el arte de llegar a acuerdos transparentes y en bien de la sociedad, no de los intereses particulares de cada congresista y su partido.
Maria Sol Navia V.
Exministra de Trabajo.
msol.navia@gmail.com
