Los investigadores Pablo Casali y Stefano Farné, de la OIT y director del observatorio Laboral de la Universidad Externado de Colombia, respectivamente, presentaron los resultados de su trabajo adelantado para la OIT, sobre la reforma pensional y los principios que la deben guiar.
Un estudio muy oportuno, ya que las modificaciones estructurales que necesita el país con urgencia han sido ampliamente discutidas por asesores y analistas, por ejemplo, Fedesarrollo informó recientemente en Portafolio, que presentará una propuesta al gobierno que incluye simultáneamente lo atinente a las reformas tributaria, pensional, laboral y social.
Los investigadores toman los principios que rigen la ley 100 de 1993, sobre régimen pensional, el de salud y las bases de riesgos profesionales, a saber: cobertura universal, suficiencia de las prestaciones, equidad de género, trato uniforme, sostenibilidad financiera, participación de los actores sociales en la administración, responsabilidad del Estado y dialogo social.
La cobertura, según el estudio, se concentra en la totalidad de los empleados públicos, un 70% de los asalariados del sector privado y solo el 11% de los trabajadores autónomos, representando los cotizantes menos del 40% de la población ocupada; también hay problemas en los bajos montos que reciben los pensionados, en la disparidad en el mercado laboral que hace más difícil a las mujeres acceder a pensión, y desde luego en la sostenibilidad financiera del sistema.
Sus propuestas hablan de la necesidad de mayor participación de la mujer en la fuerza laboral para lograr acceso a pensiones, de acelerar el paso de la economía informal a la formal, de revisión de la edad y montos de jubilación, de análisis de los regímenes de Prima Media y de Ahorro individual con solidaridad y de los asistenciales.
Las interrelaciones entre distintos temas que se cruzan, como la búsqueda de equidad de género en el trabajo y la pensión de las mujeres, el sistema asistencial, la posibilidad de cotizar por contratos de medio tiempo o por horas incluido en el piso de protección social, el avance en la formalización del trabajo y la mayor cobertura pensional y, desde luego, los recursos necesarios para establecer políticas sociales y atender requerimientos, hacen que la idea de integrar un gran proyecto estructural, propuesta por Fedesarrollo, merezca atención y exploración.
Por otra parte, el tiempo no es mucho para trabajar asuntos tan críticos e importantes para el futuro del país y si el gobierno logra dejar establecidas estas nuevas condiciones, indiscutiblemente pasaría a la historia, como un gobierno progresista y transformador, que permitirá que el futuro del país sea más claro en el frente social y fiscal.
Obviamente no será fácil en el congreso mover todo este andamiaje, pero más difícil será empujar cuatro reformas tan trascendentales al mismo tiempo. El congreso está llamado a actuar con trasparencia y altruismo pensando en las proyecciones favorables de los cambios y las necesidades apremiantes del país, y no con los mismos intereses egoístas y electoreros con que algunos miembros actúan, solo mirando mezquinamente que el gobierno no avance y no le vaya bien, y con el a todo el país.
María Sol Navia
Exministra de Trabajo
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