El sector azucarero es clave en la economía, el empleo y el desarrollo social del Valle del Cauca, por tanto lo que afecta a dicho ramo golpea directamente a esta región y al suroccidente en general.
El impacto no solo se siente en la industria azucarera, sino en otras actividades industriales y de servicios, como la metalmecánica, que da soporte a toda la maquinaria y equipos de los ingenios azucareros y paneleros, el trasporte y otros más relacionados con este sector. Más aún, los municipios donde se asientan estas empresas cuentan, como parte fundamental de sus ingresos, con los impuestos de estas.
Por esto, han sido objeto de tanta atención y opinión los dos duros golpes que ha recibido la industria en días recientes y que han despertado la inquietud de distintos estamentos sociales, sindicales, laborales y empresariales, puesto que pueden conllevar gravísimas consecuencias que han sido ampliamente dadas a conocer en todos los medios, por voceros de los mismos.
El primero fue la decisión tomada en relación con la modificación de los aranceles para importación de azúcar y el anuncio de una nueva revisión de los mismos, tratándose de un sector protegido en varios de los países competidores. El segundo, la desmedida y confiscatoria multa impuesta a los ingenios y comercializadoras de sus productos, así como al gremio que los representa. La discusión se ha centrado en si existieron los hechos por los que se ha dado la sanción: la SIC ha señalado que hubo bloqueo a las importaciones, y los ingenios y el gremio azucarero han sostenido que esto no fue así.
A este delicado asunto hay que darle un tratamiento imparcial, teniendo en cuenta todos los aspectos relacionados con este: no solo lo investigado por la SIC, sino las pruebas que presenten los afectados y declaraciones dadas por otros relacionados, como el representante de los exportadores de Costa Rica, quien sostuvo que no existió tal bloqueo.
También se deben tener en cuenta las declaraciones de las empresas que provocaron esta situación y salieron beneficiadas con las medidas, en las cuales aclaran que las bajas en el precio del azúcar no las trasladarían a los consumidores. Es indispensable esclarecer lo que hay detrás, teniendo en cuenta que la libre competencia es necesaria, pero que no puede arruinarse un sector generador de empleo y riqueza con medidas desproporcionadas, en relación con los hechos que se pretenden evitar y con las capacidades reales de una serie de organizaciones y personas.
Las normas permiten aplicar criterios por parte de las autoridades administrativas y judiciales para la tasación de multas y sanciones, y estas deben considerar aspectos de equidad en las condiciones de quienes sean los sujetos pasivos de las mismas, así como los efectos que de estos actos administrativos se deriven, que, en el caso que nos ocupa, están llevando a toda una industria y una región a una gravísima afectación económica y social.
Es tan delicada la situación, que un sector que, supuestamente, representa a los consumidores ha presentado una demanda por 11 billones de pesos, apoyada en los argumentos de las SIC, y que terminaría por crear un verdadero caos en el Valle del Cauca, así como en Cauca y Risaralda.
Todo ello llega en momentos en que el Valle del Cauca ha presentado unos indicadores económicos superiores al promedio del país, y esto traería un retroceso a condiciones peores a las superadas.
María Sol Navia
Exministar de Trabajo
