Por norma constitucional es obligación del gobierno presentar a consideración y estudio del Congreso de la República, una carta de navegación para el cuatrienio que es el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se incluyen los planes y programas que en distintas áreas va a desarrollar el ejecutivo durante su mandato.
Y a decir verdad es un ejercicio sano pero incompleto, en el entendido que por el prurito de creer que todo se debe inventar con la llegada del nuevo gobierno, son muchos los programas que se quedan en el camino, se les hace ajustes marginales o sencillamente se les cambia de nombre para apropiarse de planes iniciados atrás. Esto podría obviarse para bien del país y una utilización eficiente de los recursos si hubiera una especie de camisa de fuerza para tener una mayor continuidad o ‘Construir sobre lo construido’ como lo acuñó el presidente Iván Duque.
La principal tarea del Congreso de la República es debatir y aprobar las leyes, muchas de las cuales deben salir del contenido del plan, cuyo desarrollo y reglamentación debe ser función del legislativo por la vía de leyes ordinarias, pero desafortunadamente no se está haciendo así, y aunque no es un asunto que haya arrancado con el gobierno de Petro, ahora se está dando con una mayor intensidad que en el pasado.
Sin duda que el plan de desarrollo con vigencia cuatrienal y el presupuesto público cada año, deberían ser las leyes más importantes que el gobierno presente al Congreso y este tener un celo y un cuidado extremo en su estudio. Sin embargo, la solicitud de facultades extraordinaria para que el gobierno legisle y reglamente se está convirtiendo en un instrumento malsano que no solo le quita funciones al parlamento, sino que peligrosamente se deja en gobierno y ministerios el arbitrio y capricho de muchos temas que son de la agenda país y no de un mandato cuya ideología impone su criterio parcial.
Es irracional y poco juicioso que el plan haya sido presentado con 12 o 13 peticiones de facultades extras, de las cuales con seguridad serán aprobadas al menos la mitad, muchas de las cuales no tienen mucha relación con la planeación del desarrollo, para no hablar de los famosos micos que muchas de ellas contienen. Casos como el cambiar la dependencia institucional de la policía, el régimen de cámaras de comercio, la intervención de tarifas de servicios públicos, las funciones de la SIC o programas específicos como jóvenes en acción no deben quedar en esa carta de navegación.
El expediente de las facultades se ha ido extendiendo a otras leyes, como la confusa reforma a la salud y seguramente se meterán en las reformas pensional, laboral, política, electoral y del sometimiento a la justicia, como ya se ha denunciado.
Este es un camino inconveniente y muy dudoso desde el orden legal que seguramente las cortes deberán estudiarlo para dar su veredicto, que en caso negativo dejará muy mal parados tanto al gobierno como el Congreso. No hay que engañarse: así como se están tramitando las leyes en Colombia, no tiene sentido tener un parlamento tan grande e ineficiente o incluso decidir de una vez por todas que hay temas que bastaría con que el gobierno utilizara la vía de decretos para poner en marcha. Es un camino muy peligroso, pero que se ha adoptado ya con irresponsabilidad, oportunismo y politiquería.
Mario Hernández
Empresario exportador
