Desafortunadamente en Colombia y en particular en Bogotá, la protesta pacífica como una reacción social civilizada y protegida por la ley, ha dejado de existir y hay que decirlo con toda claridad: está siendo manejada por grupos con agenda política premeditada y acomodada a intereses electoreros y, por la delincuencia organizada o no, pero que resulta muy peligrosa. Y en esos términos no hay que dejarse manipular al culpar al Estado y sus organismos de seguridad como los responsables o incitadores de esas acciones vandálicas y terroristas. Ni más faltaba.
Clarito: es ingenuo creer que la muerte de una persona que no tenía activismo político alguno, que vivía del trabajo de taxista y aspiraba graduarse de abogado y que no se debe dudar en condenar como una acción brutal de dos agentes de policía, genere una reacción social de una magnitud como la que registró la capital del país, en términos de destrucción de buses de servicio púbico, centros policiales de barrios (CAI), robos y destrucción de bancos y cajeros automáticos, heridas a varias decenas de policías y de nuevo tristemente más de 10 muertos.
No me gusta para nada la actitud de la Alcalde Claudia López y su secretario del gobierno, al comparar lo ocurrido con lo que pasó en el Palacio de Justicia en los años ochenta o como lo dijo su subalterno que la administración prestaría asesoría jurídica para quienes pretendan denunciar a la policía por hechos de violencia. Es irónico, cuando se supone que el alcalde es el jefe de la policía y si alguien presenta una denuncia sería contra la misma administración de la ciudad que estimula esa misma acción legal. Sencillamente, hay que ser responsables: la alcaldesa fue elegida para manejar toda la ciudad y defender los ciudadanos, hayan o no votado por ella. Cualquier aspiración debe dejarla de lado mientras ocupa el encargo actual.
Hay un segundo tema sobre el que hay que reflexionar: la indiferencia y falta de compromiso de la clase empresarial y los sectores más pudientes, creyendo que el asunto es de mera incumbencia del gobierno, mientras que quienes se “lucran” de la protesta toman una ventaja que luego es muy difícil de superar. Los ejemplos están ahí: Venezuela, Argentina, Nicaragua y a otros países a los que les ha costado muy caro recuperar la ruta del progreso y el sector privado miró para otro lado mientras eso pasaba, pero hoy sufren por no haber actuado a tiempo.
Esto no es un asunto meramente de un gobierno, que finalmente es un accidente de turno. Es mucho más lo que Colombia se está jugando en términos de su progreso futuro y mientras la izquierda abona el terreno para quedarse con el poder, en el otro lado no se hace mayor cosa que culpar a un ejecutivo que hace un gran esfuerzo para enfrentar las consecuencias de una pandemia que golpea sin clemencia al mundo.
Es muy mezquina la respuesta de la dirigencia política de los partidos que se dicen defensores del establecimiento y de quienes dicen representar a los empresarios, los gremios privados. Antes que reformas al Esmad y a la Policía, que cumplen con su labor de defender a la ciudadanía, aceptando que cometen errores que no se pueden pasar por alto, son esos partidos y gremios los que necesitan cambios profundos en sus objetivos y trabajo porque, créanlo o no, también serán damnificados de la estrategia si triunfan quienes están en la otra orilla.
Mario Hernández
Empresario exportador