Mario Hernández Zambrano
columnista

Ver para creer en la formalización

El Conpes 3956 del 8 de enero de 2019, plantea una revisión al modelo de registro mercantil imperante en Colombia.

Mario Hernández Zambrano
POR:
Mario Hernández Zambrano
febrero 11 de 2019
2019-02-11 09:20 p.m.
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El plan de desarrollo que se presenta a comienzo de cada gobierno es una invaluable carta de navegación que le da credibilidad a la ejecución de los programas y proyectos a realizarse durante la administración, y también incluye el aporte del sector privado en términos de riqueza y crecimiento. Es un ejercicio que realiza con seriedad y dedicación un equipo técnicos de primera línea encabezado por el DNP y el Ministerio de Hacienda.

El gobierno Iván Duque acaba de presentar al Congreso el proyecto de ley del Plan 2018-2022 ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’. En 183 artículos y más de cien páginas se resumen los documentos sectoriales que elaboraron los técnicos, y que no es una tarea fácil de examinar, pero poco a poco se irá digiriendo. Serán contados los congresistas que harán ese ejercicio, pero que terminarán aprobándolo como lo establece la ley.

Sin desconocer el plan y las buenas intenciones y coherencia del Ejecutivo, las cuales se han destacado varias veces, no hay que olvidar que ‘el diablo está en los detalles’, pues sin duda algunos tecnócratas pretenden aprovechar el plan para legislar más allá de la estrategia de planeación, pretendiendo cambios en la normatividad por vía rápida o fast track, como el siguiente.

En el artículo 91 del proyecto, artículo suelto, sin relación alguna con los siguientes y anteriores, se establece de forma extraña que: “Las sociedades mercantiles sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Sociedades que no renueven su matrícula mercantil por un término de tres años o que no envíen la información requerida por dicha superintendencia durante el mismo tiempo, se presumirán como no operativas y, podrán ser declaradas de oficio como disueltas por la Superintendencia de Sociedades”. Hace seis años, en la Ley 1727 de 2014, se dispuso un plazo de cinco años para inhabilitarlas y el fracaso fue total.

Lo más grave es que este ‘articulito’, contradice totalmente la política de formalización empresarial y revisión de trámites que expuso Duque en la campaña y que fue aprobada por el Conpes 3956 del 8 de enero de 2019, y que precisamente plantea una revisión del modelo de registro mercantil imperante en Colombia, pues lo considera costoso, inequitativo para las micro y pequeñas empresas, anárquico en sus tarifas y alejado de la realidad. Incluso, pone en duda el trabajo de las cámaras de comercio al plantear que se debe “pedir a las Cámaras de Comercio que incluyan en su informe de gestión ante la SIC el impacto logrado por las prestación de los servicios de desarrollo empresarial”.

La experiencia internacional del modelo de cámaras muestra que aquí deja mucho que desear. En países como Chile, el registro no tiene costo y en Argentina, Brasil y México es mucho más barato que en Colombia, en donde se cobra anualmente el mismo valor de la primera inscripción, lo cual no tiene racionalidad alguna.

En Colombia, hay 57 cámaras de comercio y su trabajo se reduce a prepararse para la jornada de registro en marzo que les deja importantes recursos para sostener la burocracia. Las cámaras de comercio necesitan una reestructuración importante, pues manejan más $700.000 millones al año, de los cuales el 90% resultan del pago del registro mercantil y solo 10% de la operación privada, cuando debería ser al contrario.

Hacer cada año la renovación de registro mercantil no tiene sentido alguno y se asimila a que los ciudadanos tuvieran que renovar cada año su cédula de ciudadanía. Y como aquí nos gusta mirar tanto lo que se hace en la Ocde, qué bueno sería revisar esa experiencia o la de España, que desde el 2010 suspendió ese trámite para las empresas.

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