Sin duda, la elección popular de alcaldes y gobernadores fue un acierto para el país desde mediados de los años 80, pues se convirtió en un respiradero de la democracia local y las comunidades entendieron, y lo han seguido haciendo, que la responsabilidad del destino regional está en sus manos. Hasta ese momento, se nombraba a los mandatarios por recomendación meramente política y, en la mayoría de los casos, el designado no conocía el territorio encomendado.
Hay que decirlo claro. Desafortunadamente, el mecanismo no ha sido acompañado de otros instrumentos serios y modernos de descentralización económica y administrativa, que garanticen la autonomía regional y conduzcan a los mandatarios locales y regionales a responder por la planeación y ejecución de los programas y proyectos. Por el contrario, se ha creado una dependencia malsana en la que el Gobierno Central maneja asuntos que deberían ser solo del resorte territorial. Si bien no es solo ese elemento el que falla, sí es el más protuberante.
En algún momento se plantea que el Gobierno Central abandone a las regiones o no establezca mecanismos para que los ejercicios de planeación funcionen y haya una correcta asignación de los recursos, pero esto debe hacerse a través del acompañamiento a las autoridades locales en la solución de los problemas y brindarles el apoyo financiero cuando se necesite, pero sin acabar la autonomía y la credibilidad que estas tienen frente a su comunidad, y, menos, influenciar las decisiones políticas de sus habitantes. Hemos perdido la conciencia acerca de la importancia que tiene el Concejo, no solo como un factor de control político de la gestión, sino para que sea el representante de los intereses de la comunidad ante la administración local.
Bogotá es un caso especial por el poder que tiene la ciudad frente al Gobierno Central, pero desafortunadamente es un mal ejemplo en términos de participación de la gente de todos los niveles en la solución de los problemas. Y lo que pasa en el Concejo, que se debe asimilar a lo que es la junta directiva de una gran empresa, que es la ciudad, deja mucho que desear, pues ha dejado de representar a los accionistas, que son los ciudadanos. Y esto hay que recuperarlo.
Por eso, merece destacarse la entereza de personas como Silverio Gómez, al aceptar la cabeza de una lista al cabildo distrital. Sus conocimientos, independencia y capacidad de trabajo garantizan que no solo gana el partido (la U) al haberlo convencido, sino Bogotá. La transparencia y responsabilidad las ha puesto a prueba en muchas oportunidades en su ejercicio académico, periodístico y profesional. Un ejemplo claro es la reciente limpieza que hizo en la Cámara de Comercio de Ibagué, al haber retirado más de 200 empresas afiliadas que no cumplían con los requisitos, para lo cual se requiere valentía.
El debate a los problemas de la ciudad, con seriedad y estudio, será otro activo, y el alcalde Rafael Pardo (o Peñalosa) tendrá en él un aliado para las buenas causas. Sin duda alguna, mi voto va por él e invito a muchos a que hagan lo mismo.
Mario Hernández Zambrano
Empresario exportador
mariohernandez@mariohernandez.com