Pero el de hoy no es necesariamente el caso. Los colombianos –no solo los bogotanos– están enfrentados al pago de los tributos municipales, cuyos extractos llegan tradicionalmente por esta época para cancelar en un tiempo corto, lo cual llevaría a creer que, en esos términos, no debería haber sorpresa alguna. En este caso sí, porque los incrementos son exagerados en el predial y en la, mal llamada, valorización.
¿Y dónde está la falla o la explicación del problema? Lo más fácil sería culpar a los alcaldes, pero la realidad es que el asunto va más allá, y aunque ellos tienen una parte de responsabilidad, todo arranca en decisiones adoptadas por el Congreso, sobre el predial, y los concejos municipales, sobre la valorización.
Por la Ley 1450 del 2011, que es el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, se dispuso que la tarifa del impuesto predial deberá oscilar entre el 5 y el 16 por mil del valor del avalúo, cuando antes arrancaba de un piso del 1 por mil, lo cual automáticamente llevó a los concejos y alcaldías a subir la tarifa. Y aunque se determine que el valor del impuesto, a partir del año en el que entren en aplicación las nuevas tarifas, no podrá exceder el 25% del valor liquidado en el periodo anterior, a este se le colgó un mico: excepto cuando el aumento corresponda a mayores avalúos, el cual no puede ser inferior al 60% del valor comercial.
De esa forma, se abrió la puerta a aumentos indeterminados. Por esto, lo que se está viviendo en varias ciudades es consecuencia de una medida nacional y, hay que decirlo de frente, de la ligereza con que están aprobando las leyes de la República, a las que no se les hace un análisis serio, en parte, porque si un parlamentario las estudia a conciencia es acusado de hacer oposición o no hacer parte de la coalición de gobierno.
Algo similar se dio con el Concejo de Bogotá en el 2005 con la contribución de valorización. No solo fue un pupitrazo de irresponsabilidad del cabildo bogotano en contra de los ciudadanos, sino del cambio de un concepto local, que es esa contribución, por uno general, asimilándola a una sobretasa al predial. En cualquiera de los dos casos, lo de menos es el método o modelo que se aplique, los cuales son fácilmente defensables, pues los elaboran tecnócratas que manejan bien los datos. Ni ellos, ni los burócratas, ni los políticos consultan algo fundamental en el manejo del tema: la capacidad de pago de los ciudadanos.
Así, no es de extrañar el por qué la gente tiene tan mal concepto del Congreso de la República, y en general de la clase política, entre la que se cuentan los concejos municipales, quienes poco o nada velan los intereses de la gente. Es triste, sus integrantes siguen perdiendo credibilidad… a lo mejor no les importa.
MARIO HERNÁNDEZ ZAMBRANO
EMPRESARIO EXPORTADOR
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